La medida se adoptó luego de casi 2 mil reclamos de clientes que se produjeron entre 2020 y 2025.
Los cobros indebidos se registraron entre marzo de 2021 y marzo de 2024.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.