La norma fue visada con 81 votos a favor —tres más de los 78 que necesitaba— y establece una carga tributaria máxima de impuesto a la renta por 25 años para inversores locales y extranjeros en proyectos sobre US$50 millones, aunque el Ejecutivo evalúa reducir ese plazo a 20 años mediante una indicación en el Senado.
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