El Ministerio Público pedía una pena efectiva de 12 años por apremios ilegítimos.
El servicio de transporte no ha informado la razón detrás del problema.
Además, hay otras 9 personas que se mantienen hospitalizadas tras resultar con lesiones.
A diferencia del anuncio de la administración de Boric, en 2019 la ayuda se gestionó a través de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.