El Ministerio Público pedía una pena efectiva de 12 años por apremios ilegítimos.
El servicio de transporte no ha informado la razón detrás del problema.
El CFA advirtió que se podría concretar "el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), que incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado debido a riesgos de desviaciones en los ingresos y gastos fiscales".