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Del Caso Monsalve a ProCultura: Las polémicas que rodean la última Cuenta Pública del Presidente Boric
Por Polet Herrera
30.05.2025 / 07:30
En el Salón de Honor del Congreso Nacional, el jefe de Estado realiza su última cuenta pública, en un año marcado por la carrera presidencial y los ajustes ministeriales en la recta final de su administración.
El domingo 1 de junio se realiza la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric. En este camino han ocurrido diversos sucesos que lo han llevado a realizar varios ajustes ministeriales en momentos de crisis. Uno de los hechos más emblemáticos fue el denominado Caso Monsalve, que implicó la abrupta salida de Luis Cordero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para cubrir a Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior, luego de su renuncia en el Palacio de La Moneda tras ser denunciado por presuntos delitos de abuso sexual y violación contra una subalterna.
A nivel político, el Mandatario llega a esta cuenta pública en plena carrera presidencial, donde dos figuras de la oposición lideran las encuestas: la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. En su sector, la precandidata del socialismo democrático, Carolina Tohá, disputa el tercer lugar según la encuesta Plaza Pública Cadem correspondiente a la tercera semana de mayo. En tanto, Gonzalo Winter, del Frente Amplio (FA) —colectividad a la que pertenece el jefe de Estado—, aparece con un 5% de preferencia.
🗳️ #Cadem Se mantiene el empate en intención de voto espontáneo entre @evelynmatthei (17%) y @joseantoniokast (16%)
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Pero no solo la llegada del próximo Presidente de la República genera preocupación, sino también la convivencia política entre el oficialismo y el Gobierno, especialmente la relación con el Partido Socialista (PS), tensionada tras la salida de Isabel Allende del Senado.
Desde la perspectiva de Roberto Munita, profesor de Marketing Político de la Universidad de los Andes (UANDES) y académico de la UNAB, “llega bastante complicado a la última cuenta pública por los últimos escándalos que han aparecido o resurgido en las últimas semanas o meses”, entre ellos el Caso Convenios, el Caso Monsalve, el Caso Allende, el Caso ProCultura y ahora las repercusiones del informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras se encontraban con reposo médico.
“Entonces, siento que esta Cuenta Pública va a estar marcada por cómo enfrentar estas crisis institucionales y qué se puede esperar del último año de gobierno”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que está presente el “síndrome del pato cojo”. “Esto es algo natural, ha sido una tendencia en las últimas administraciones, ya que una vez que empiezan a aparecer los nuevos candidatos presidenciales, la agenda se centra en ellos”, señaló.
1. Caso Monsalve
Renuncia de Manuel Monsalve en el Palacio La Moneda /Crédito: Agencia Uno.
Fue el 17 de octubre de 2024 cuando Monsalve realizaba un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, donde informaba que había presentado su renuncia al Ejecutivo, tras una denuncia por presunto delito de violación y abuso sexual por parte de una funcionaria de Gobierno.
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Esos días fueron especialmente agitados en el gabinete. Uno de los momentos más recordados ocurrió el 18 de octubre del mismo año, durante el punto de prensa que ofreció el jefe de Estado, el cual se extendió por cerca de 50 minutos.
“Respecto al contenido de la denuncia realizada en contra de Monsalve, quiero ser muy claro en esto: yo no tuve información respecto de los detalles que han trascendido en los medios de comunicación”, subrayó el mandatario.
En ese contexto, explicó que en ese entonces la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, le comunicó la situación el martes 15 de octubre. A raíz de esto, convocó a una reunión con Monsalve e instruyó recabar antecedentes, en conformidad con la ley, sobre el carácter de la denuncia, “para tomar las decisiones correspondientes”, aclarando que en ese momento no se conocía el contenido específico de la acusación.
En esa instancia, le instó a Monsalve a ponerse a disposición de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público, colaborando en todo lo que exigiera la investigación.
“La permanencia en el cargo ante la denuncia era incompatible. En estos casos gravísimos, la justicia debe ser la prioridad absoluta, así como la protección de la denunciante y de las víctimas”, afirmó.
Luego, fue el turno de la ronda de preguntas de la prensa. Revisa aquí el momento:
“Todas las preguntas que sean necesarias, voy a responder todo lo que haya que responder”. Esta frase del Ejecutivo durante el punto de prensa tomó diversos rumbos.
Al poco tiempo, se constituyó una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual finalmente aprobó su informe final.
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El documento base fue presentado por los parlamentarios Miguel Mellado, Álvaro Carter, Carla Morales, Gloria Naveillan, Sofía Cid, Flor Weisse y Joanna Pérez.
“Resulta particularmente reprochable el accionar del Presidente de la República, dado que actuó con pasividad y liviandad ante la necesidad evidente de remover a Monsalve de su cargo, en un contexto de crisis de seguridad nacional”, consignó el escrito.
El informe enumeró los hechos posteriores a la salida de Monsalve, incluyendo el controversial punto de prensa: “En síntesis, parece ineludible el reproche al jefe de Estado por una cadena de equivocaciones con graves consecuencias institucionales: fue el Presidente de la República quien permitió al exsubsecretario viajar a la ciudad de Concepción; quien no comunicó estos hechos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; quien, en definitiva, no ejerció un liderazgo adecuado en situaciones complejas; y quien objetivamente mantuvo al exsubsecretario en el cargo hasta que La Segunda reveló la denuncia. Todo lo anterior denota un plan presidencial deficiente, si no cómplice, respecto de la permanencia de Monsalve en un cargo esencial para la seguridad de millones de chilenos”, afirmaron.
Sobre el denominado Caso Monsalve, Munita señaló que el Gobierno se demoró en tomar decisiones y que fue “muy mal llevado por la administración de Boric. Son muchos los oficialistas que también reconocen que se pudo haber manejado mucho mejor”.
“El Gobierno tiene que hacer una gran autocrítica, y yo siento que hoy día no basta solo con eso, sino que justamente este mal desempeño se va a notar en las urnas, y se está notando en la baja aprobación del Presidente”, complementó.
Consultado sobre si hubo fracturas en el círculo de confianza, respondió: “No creo que se haya visto afectado por esto, o al menos no ha habido mucho cambio. Sí, la ministra Vallejo y la ministra Orellana estuvieron molestas en su momento, pero siento que han seguido adelante y no creo que haya cambiado mucho”.
A esto se suman nuevos antecedentes sobre la conducta del exsubsecretario, quien ha sido el foco de atención en los últimos días tras la filtración de la carpeta investigativa del caso que lo mantiene en calidad de imputado por delitos de abuso sexual y violación.
Se trata del informe pericial elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI) tras el análisis del contenido y uso del celular personal de la exautoridad de gobierno. El documento, de 257 páginas, detalla los movimientos de Monsalve antes, durante y después de los hechos denunciados, según un reportaje de T13.
Entre los principales hallazgos destaca la búsqueda de damas de compañía en la página web rastro.com, realizada el 1 de septiembre de 2024, es decir, el mismo día en que concretó una cita con quien posteriormente lo denunciaría por los delitos sexuales que actualmente se investigan.
Pero las búsquedas no se limitaron a ese sitio. El 7 de septiembre, Monsalve habría navegado en una página de citas con mujeres colombianas llamada colombiancupid.com, donde habría visitado al menos 18 perfiles de mujeres de entre 20 y 35 años.
Además, otro antecedente relevante es que Monsalve le habría solicitado a su hija la emisión de un certificado médico justo la mañana siguiente de la noche en que, según la denuncia, se habrían concretado los delitos sexuales. Esto ocurrió entre el 22 y 23 de septiembre.
El análisis del teléfono también reveló que, casi una semana después de la fecha de los hechos denunciados por la presunta víctima, Monsalve habría buscado información sobre la droga GHB, una sustancia asociada a delitos sexuales. Sin embargo, aún no se han esclarecido los motivos detrás de estas búsquedas.
Actualmente, el gabinete no es el mismo que estaba en funciones en esa fecha. Cordero pasó del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la Subsecretaría del Interior, y recientemente asumió como ministro de Seguridad Pública. En cuanto a la cartera del Interior, Tohá renunció para emprender una candidatura presidencial, y su lugar fue asumido por Álvaro Elizalde. En la Subsecretaría del Interior, en tanto, está Víctor Ramos.
2. La salida de Miguel Crispi de La Moneda
Miguel Crispi en la Comisión Investigadora sobre el Caso Monsalve. Crédito: AGENCIAUNO
Miguel Crispi fue una figura que generó constantes cuestionamientos por parte de la oposición, la cual en reiteradas ocasiones exigió su salida. El primer episodio que elevó la presión sobre el entonces jefe del Segundo Piso de La Moneda fue el denominado Caso Convenios, y posteriormente, la denuncia contra Monsalve.
Según publicó La Segunda, cuando estalló el Caso Monsalve, el Presidente Boric fue informado por Tohá. Posteriormente, el mandatario acudió a Crispi y a su jefe de gabinete, Carlos Durán. Hasta la renuncia pública de Monsalve, el resto del gabinete no tenía conocimiento de la situación.
Uno de los momentos más críticos para Crispi ocurrió cuando fue citado a la Comisión Investigadora, presidida por el diputado Miguel Mellado. Consultado sobre si había recomendado o no al mandatario que Monsalve renunciara a su cargo, Crispi respondió: “Las conversaciones con el presidente son privadas”.
Luego de repetir esa misma respuesta a diversas preguntas, el asesor enfatizó: “Las conversaciones con el Presidente de la República son privadas. Entiendo la molestia que esta respuesta pueda generar, pero esto es así. Yo soy el jefe de asesores del presidente de la República, y no puedo compartir en esta comisión las conversaciones, las sugerencias, las evaluaciones políticas que hago con quien me entrega la confianza para asesorar”.
Pero este no fue el único motivo que desató cuestionamientos. También generó críticas la contratación de su esposa, Olivia Contreras, en el Museo Interactivo Mirador (MIM), como productora a cargo de itinerancias y actividades de extensión, con un sueldo bruto de $1.581.336.
El 24 de febrero, la parlamentaria Camila Musante, en conversación con CNN Prime, planteó reparos similares a los que ya había manifestado la presidenta del PS, Paulina Vodanovic: “Se ha visto envuelto en diversas… no sé si llamarlas polémicas, pero sí en complicaciones para el Gobierno en el manejo de ciertas crisis”.
Y subrayó: “Veo bastante compleja su permanencia en el gobierno, pero aún queda un año. Esperamos —o al menos yo esperaría— ver un cambio y un compromiso que se ajuste a lo que ha solicitado el propio presidente”.
Con el paso del tiempo, ocurrió otro suceso que remeció al Gobierno y al socialismo democrático, especialmente al PS: la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende. En medio de esta controversia, Crispi presentó su renuncia voluntaria, al igual que la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Sobre la salida de Crispi, Boric declaró en Radio Agricultura: “Se le ha acusado de muchísimas cosas, ninguna de ellas ha sido probada. Tengo la convicción personal de que Miguel hizo un muy buen trabajo al interior del Gobierno en cuestiones que no tienen por qué verse, que es la coordinación de los sectores programáticos del Gobierno, la relación con ministros y, por cierto, el Segundo Piso. Es un motorcito importante junto con muchas otras personas anónimas. Había un encono por parte de ciertos sectores hacia su figura. Y él decidió, y lo conversamos, que ya se habían pasado límites aceptables y decidió dar un paso al costado”.
Actualmente, en el lugar de Miguel Crispi se encuentra Felipe Melo Rivera, mientras que en el Ministerio de Defensa asumió Adriana Delpiano.
3. Casa de Allende
Isabel Allende cuando realizó su último discurso como senadora después de ser destituida por el TC. Crédito: AGENCIAUNO
Este fue un caso que remeció al Partido Socialista (PS), ya que implicó la salida de Maya Fernández ante la amenaza de una acusación constitucional por parte de la oposición, y significó para Isabel Allende el término abrupto de su trayectoria en el Senado, luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que determinó su destitución.
“Respetando las instituciones como me corresponde, puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad y que jamás, jamás ha intentado sacar ventajas pequeñas. Siempre ha tenido a Chile por delante. Mi sincero cariño y eterno respeto en estos momentos duros”, publicó el mandatario en su cuenta de X, tras la decisión del TC.
El pueblo de Chile le debe mucho a Isabel Allende. En la recuperación de la democracia, en los avances de los derechos de las mujeres, en la institucionalidad ambiental, en la protección de los trabajadores, en el resguardo de la memoria histórica y en tantas otras materias.…
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 4, 2025
¿Cómo se originó? En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el mandatario anunció la transformación del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja, comuna de Providencia, en un museo.
Posteriormente, el 31 de diciembre de 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales profundizó en el proyecto, en el que el Estado pretendía adquirir la casa donde vivió el histórico militante del PS junto a su familia entre 1953 y 1971.
El Gobierno informó que la propiedad sería vendida por la familia Allende por cerca de 930 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos US$ 980.000. Una operación similar se realizaría con la residencia del expresidente Patricio Aylwin.
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Sin embargo, entre los copropietarios de la vivienda estaban, en ese momento, la senadora Allende y la ministra Fernández. Esto generó cuestionamientos desde la oposición, que se basó en el artículo 60 de la Constitución, el cual establece que los parlamentarios cesan en sus cargos si celebran contratos con el Estado.
Ante esta situación, el Gobierno decidió dar pie atrás. A través de un comunicado, señaló: “Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”.
Por su parte, el jefe de Estado prestó declaración voluntaria ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Munita comentó que se generó bastante tensión, algo que puede apreciarse en la relación entre el PS y el FA. Al analizarlo en conjunto con el rol del jefe de Estado, sostuvo que esto debió haberle generado un mal rato, ya que el mandatario se “empecinó personalmente en sacar ese proyecto”.
“Ahora, por supuesto que es distinto llevarse mal con un partido que llevarse mal con el presidente. Entonces, yo creo que esa tensión se ha mantenido bajo subterráneo, al fondo, porque no es bueno que se note esa debilidad o que se note esa tensión, sobre todo si el ministro del Interior es socialista. Pero no cabe ninguna duda de que la remoción de Allende fue un golpe durísimo para el socialismo democrático y que el Presidente (Boric) se involucró de forma personal en esto”, enfatizó.
4. Caso ProCultura
Caso ProCultura: Alberto Larraín admite aportes a campañas políticas a “título personal” durante declaración a Fiscalía /Crédito: CNN Chile.
La Fundación ProCultura fue creada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag. En la actualidad, se encuentra bajo investigación por un eventual fraude al fisco, relacionado con convenios que superarían los 6 mil millones de pesos firmados con diversos gobiernos regionales.
La relación entre ProCultura y el mandatario comenzó a ser objeto de atención tras la publicación de un reportaje de Ciper. En él se mencionan a tres personas: Ilonka Csillag, cofundadora de la fundación; Constanza Gómez, su representante legal; y Lucía Bustamante, socia de la empresa Productora Gráfica Andros Limitada.
Bustamante, quien reclamó un pago pendiente por parte de la fundación, sostuvo que Larraín le habría dicho: “Gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”. Esta declaración generó interés, ya que la productora Andros efectivamente prestó servicios a la campaña presidencial de Boric.
Según los registros del Servicio Electoral (Servel), el comando del entonces candidato rindió dos facturas emitidas por Andros por un total de $24,9 millones, correspondientes a la confección de volantes: una del 29 de septiembre de 2021 por $6,3 millones y otra por $18,6 millones.
En un reportaje posterior del citado medio, titulado ProCultura: fondos que el fiscal Cooper sostiene que se habrían desviado a la campaña de Boric no eran recursos públicos, se reveló que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta la interceptación del teléfono del mandatario. Esto, a raíz de la conversación previamente mencionada, que levantó sospechas sobre un posible financiamiento irregular de la campaña.
“El antecedente que tenemos es una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente en el financiamiento de la campaña del actual Presidente de la República. La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente”, argumentó Cooper en su escrito.
Sin embargo, el reportaje mostró un punto importante: los fondos en cuestión no provienen de convenios entre entidades públicas y la fundación, sino de donaciones privadas que ProCultura recibió desde empresas como Anglo American, Minera Candelaria y Enel.
Otro antecedente para entender esta trama es que el 14 de octubre de 2024, exactamente a las 19:26 horas, el Presidente Boric se contactó con Josefina Hunneus, exesposa de Larraín. Esta llamada fue grabada por la Policía de Investigaciones (PDI), ya que el celular de Hunneus se encontraba “pinchado”, luego de que el equipo de la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderado por el fiscal Patricio Cooper, solicitara al Juzgado de Garantía de Antofagasta la interceptación del número de la psiquiatra y de otras personas.
En la arena política esto provocó una serie de reacciones. En el Frente Amplio (FA) lo calificaron como una “estrategia de espionaje político”, asegurando que la intención de intervenir el teléfono presidencial representa una amenaza directa a la democracia.
Por su parte, en representación de Huneeus, el abogado Alejandro Awad interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tras la interceptación del teléfono de la profesional.
El viernes 16 de mayo, la Primera Sala de dicha Corte acogió el recurso, y horas más tarde, el fiscal nacional Ángel Valencia informó —a través de un comunicado del Ministerio Público— que decidió remover a la fiscal Cooper de la causa ProCultura, reasignándola a la Fiscalía Regional de Antofagasta.
“Paralelamente, se ha requerido al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que proceda a informar sobre todos los puntos observados en el reciente fallo judicial de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, que, acogiendo un amparo, declaró ilegales diversas diligencias intrusivas solicitadas en el marco de la causa precitada”, señaló el Ministerio Público.
En paralelo, el abogado Pablo Toloza, en representación del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma, presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema, la cual acogió a trámite el escrito ingresado por el gremialismo.
Al preguntarle si se ha visto mermada la imagen del mandatario con el denominado Caso ProCultura, Munita destacó que “el pinchazo efectivamente afectó negativamente la imagen del Presidente, a pesar de que después, jurídicamente, se decretó que esa prueba no iba a ser parte del expediente”.
“Eso es en términos judiciales, pero en términos de opinión pública, en términos políticos, lo que la gente ya sabe, no deja de saberlo porque no está en el expediente”, argumentó.
Además, remarcó que el mandatario llamó personalmente a la expareja de Larraín. “Ahí dijo que él no tenía nada que esconder y que tenía cercanía con el personaje”, apuntó.
“Entonces, ahí lamentablemente, eso quizás —a diferencia del Caso Monsalve, que fue un error directo del Gobierno— no fue un error, porque el Presidente habló con Huneeus en la confianza de que era una conversación privada. Y hay una afectación, que es distinta al Caso Monsalve. Pero, de todas maneras, yo siento que hay cosas que, con la experiencia política que tienen en La Moneda, y con el Presidente después de tres años, hay cosas que uno tiene que aprender que no se hablan por teléfono”, concluyó.
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