Defensoría de la Niñez alerta por idea de reportar migrantes: “Puede provocar que dejen de asistir a controles médicos, vacunarse y al colegio”

La Defensoría de la Niñez advirtió este viernes que la indicación que ordenará a los establecimientos de salud y educación entregar información sobre los migrantes en situación irregular pondría en riesgo los derechos de los menores de edad.

Mediante un comunicado, la entidad señaló que “la propuesta resulta preocupante, atendidos los riesgos que una medida de esta naturaleza podría generar en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en concordancia con lo dispuesto tanto por la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral, así como por la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Asimismo, expresó que “se reconoce que el Estado tiene la legítima facultad de diseñar e implementar una política migratoria, pero dicha facultad debe ejercerse siempre en consonancia con los derechos humanos y considerando especialmente las consecuencias directas e indirectas que las medidas generadas puedan producir en niños, niñas, adolescentes y sus familias”.

Alertaron que, pese a que la medida no está formalmente dirigida hacia los niños, “su aplicación puede generar afectaciones graves si impacta a sus familias. La separación familiar, el temor a acudir a servicios públicos, la pérdida de redes de apoyo o las barreras para acceder oportunamente a salud, educación y protección pueden generar escenarios de grave desprotección“.

Temor a fiscalización y riesgos de desprotección

La Defensoría de la Niñez enfatizó que con esta medida los centros de salud y educación —como hospitales, jardines infantiles y colegios— podrían ser percibidos por las familias “como lugares de fiscalización migratoria. Y ese solo temor puede provocar que niños, niñas y adolescentes dejen de asistir a controles médicos, a campañas de vacunación, a atención de urgencia, a espacios educativos o espacios de protección, afectando directamente sus derechos”.

Esto podría significar una falta a la Ley N° 21.430, que reconoce que todos los menores de edad son titulares de derechos sociales “con independencia del estatus migratorio de sus padres y/o madres”.

En esa línea, advirtió que “una regulación de este tipo puede generar consecuencias especialmente graves si produce la ruptura de vínculos familiares o deja a niños, niñas y adolescentes sin adultos responsables disponibles para su cuidado. En casos extremos, ello podría aumentar el ingreso de niños, niñas y adolescentes a modalidades de cuidado alternativo o residencial, medida que debe ser siempre excepcional y de último recurso, tal como lo dispone la ley”.

A esto agregó que “incluso, la exclusión de la niñez en el goce y ejercicio de derechos sociales, como salud y educación, puede propiciar un contacto temprano con la comisión de delitos, incluido el reclutamiento por parte del crimen organizado”.

En ese sentido, señalaron que es necesario que cualquier norma que disponga la entrega de datos personales desde instituciones debe “incorporar resguardos explícitos, estrictos y proporcionales, no bastando referencias genéricas a dicha protección”, de modo que se garantice que dicha información “no sea utilizada de manera que afecte el acceso de niños, niñas y adolescentes a servicios esenciales, ni para activar medidas que puedan perjudicar su bienestar, la continuidad educativa, la atención sanitaria y, en definitiva, su protección integral”.

El organismo hizo un llamado al Ejecutivo y al Congreso Nacional para que reconsideren la medida, en base a lo establecido en la ley antes mencionada, que estipula que el Estado debe adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas o de otro carácter para la defensa y protección particular y reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes provenientes de grupos sociales específicos, tales como migrantes (…)”.

Por último, informó que la Defensoría ofició a la Comisión de Gobierno del Senado, con el objetivo de exponer los riesgos que podría causar esta iniciativa y solicitar un análisis donde obligatoriamente se tenga a la vista el marco de la Ley N° 21.430 y los demás estándares aplicables a la materia.