Este viernes, la ministra de Salud, May Chomali, se desmarcó del Gobierno por una indicación que busca que entidades de salud y de educación entreguen información sobre migrantes irregulares. Ante la diferencia de posturas, el jefe de gabinete, Claudio Alvarado, aseguró que no existe ninguna descoordinación en La Moneda.
La indicación fue instruida desde el Ministerio del Interior al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas. Esta estipula que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud, público o privado, o establecimiento de educación público o privado” deberá entregar información al Servicio Nacional de Migraciones sobre extranjeros en situación irregular, según consignó La Segunda.
La secretaria de Estado reaccionó a la indicación en Radio 13c y señaló que desde el Minsal lo están “mirando con bastante preocupación, porque nosotros no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas, ya que esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria”.
En esa misma línea, enfatizó que dicha información está “resguardada por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente”.
Gobierno descarta descoordinación en el gabinete por dichos de Chomali
Claudio Alvarado salió al paso de las declaraciones de Chomali, afirmando que “no es materia de preocupación en los términos que lo plantea la señora ministra (…). Esta es una indicación que no tiene como propósito inmiscuirse en toda la Ley de Protección al Paciente, sino que es simplemente solicitar información según los nuevos marcos jurídicos legales establecidos”.
A sus palabras se sumó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien fue uno de los que presentó la iniciativa ante la Comisión de Gobierno del Senado. “Lo único que propone la indicación es que, habiendo un procedimiento en el marco de la Ley de Migraciones, ya sea para sancionar o para expulsar, la autoridad migratoria respectiva —ya sea el Servicio o la Policía de Investigaciones— pueda contar con información para poder ejecutar esos procedimientos“, detalló.
Asimismo, aseguró que “acá no existe en el texto, nunca ha estado en el texto ni en la intención del Gobierno ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia, porque eso no está en el espíritu de la ley”.
Concluyó afirmando que “la preocupación de la ministra la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar. En ese sentido, no hay ninguna descoordinación“.
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