La decisión del TC fue adoptada por ocho votos contra dos y convierte a Isabel Allende en la primera parlamentaria en ejercicio destituida por esta vía en la historia de Chile.
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que destituye a la senadora Isabel Allende por su participación en la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, al Estado, remeció fuertemente a la política chilena y marcó un precedente inédito en la aplicación del artículo 60 de la Constitución.
La primera destitución de una senadora en la historia de este país dará que hablar durante las próximas jornadas. Vamos a recapitular lo sucedido.
El caso se originó a fines de 2023, cuando el Gobierno anunció la compra del inmueble ubicado en Guardia Vieja 392, Providencia, con el objetivo de convertirlo en un museo en homenaje a Salvador Allende.
Frontis de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia | Foto de Agencia UNO
El proyecto fue impulsado por el Ministerio de Bienes Nacionales y respaldado públicamente por autoridades de gobierno.
Sin embargo, pronto se supo que entre los copropietarios de la vivienda estaban la senadora Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, lo que encendió una tímida alarma constitucional, que fue agarrando fuerza conforme pasaron las semanas.
De acuerdo con el artículo 60 de la Carta Fundamental, los parlamentarios cesan en sus cargos si celebran contratos con el Estado.
Esto fue precisamente lo que acusaron el Partido Republicano y Chile Vamos ante el TC, argumentando que Allende había incurrido en una infracción al participar como parte vendedora del inmueble.
Aunque la operación no se concretó —el pago no se realizó ni se inscribió el traspaso—, el tribunal acogió más tarde los requerimientos y votó por 8 votos a favor y 2 en contra la destitución de la senadora.
En derecho, “celebrar” un contrato significa formalizarlo conforme a la ley, es decir, suscribirlo válidamente para que produzca efectos jurídicos.
No es necesario que se haya ejecutado (por ejemplo, pagado o inscrito) para que el contrato exista: basta con que las partes lo firmen en la forma exigida (como una escritura pública, en el caso de compraventa de inmuebles).
En el caso de Isabel Allende, el Tribunal Constitucional consideró que el contrato se perfeccionó al firmarse la escritura pública ante notario, aunque el traspaso de la propiedad no se concretara.
Por eso, se configuró la infracción al artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a parlamentarios celebrar contratos con el Estado, sin exigir que haya dolo, beneficio económico ni ejecución posterior.
En conversación con CNN Chile Radio, el exministro del Tribunal Constitucional Enrique Navarro explicó que la causal aplicada es de carácter objetivo.
Según señaló, desde el punto de vista del derecho civil, el contrato quedó perfeccionado al momento en que se firmó la escritura pública ante notario, lo que fue suficiente para configurar la infracción.
“Desde el punto de vista del vendedor, no había más pasos por seguir. El resto eran actos administrativos del Estado. El contrato ya estaba celebrado”, afirmó Navarro, quien además apuntó a una grave omisión en los equipos jurídicos que participaron del proceso: “Resulta extremadamente sorprendente que un conjunto importante de abogados hayan revisado este acto y no se hayan detenido en el tenor expreso de la Constitución”.
El exministro destacó que no se requiere dolo ni mala fe para que se configure la infracción, lo que invalida el principal argumento de la defensa de Allende, quien aseguró haber actuado de buena fe y sin recibir compensación alguna.
“Aunque es evidente que la senadora no actuó con ánimo de beneficio personal, la norma constitucional es clara y no exige intencionalidad”
Isabel Allende | Imagen referencial de Agencia UNO
En la misma conversación, calificó como “extremadamente sorprendente” que la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende no haya sido objetada a tiempo por los asesores jurídicos que participaron en su tramitación.
“Resulta extremadamente sorprendente que un conjunto importante de abogados hayan revisado este acto y no se hayan detenido en el tenor expreso de la Constitución”, afirmó Navarro. “Esto es algo que se estudia en segundo o tercer año de Derecho civil”, agregó.
#CNNChileRadio | Exministro del TC Enrique Navarro sobre inhabilitación de senadora Isabel Allende: “Es extremadamente sorprendente que un conjunto importante de abogados haya revisado el acto y no haya advertido nada”.
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La destitución de Isabel Allende —una de las figuras más emblemáticas del Partido Socialista, con más de 30 años de trayectoria parlamentaria— generó un impacto político profundo.
El fallo se suma a una serie de consecuencias en el Ejecutivo: la renuncia de la ministra de Defensa Maya Fernández, la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y la desvinculación de al menos siete funcionarios relacionados con la operación.
Isabel Allende y Maya Fernández conversan en el Congreso de Valparaíso | Imagen referencial de Agencia UNO
Desde el oficialismo, distintas figuras han expresado su respaldo a Allende destacando su trayectoria y apelando a la buena fe con la que habría actuado.
El mismo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la describió como “una gran pérdida para el Congreso” y lamentó que no se hubiera advertido a tiempo sobre la posible inconstitucionalidad del contrato.
En la oposición, en cambio, el fallo fue celebrado.
El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló que con esta decisión “se reafirma que nadie está por sobre la Constitución”, e incluso apuntó responsabilidades hacia el presidente Gabriel Boric, a quien acusa de haber impulsado políticamente la compraventa.
José Antonio Kast | Imagen referencial de Agencia UNO
Consultado sobre una eventual acusación constitucional contra el mandatario, Enrique Navarro consideró que sería un exceso: “Ya se han asumido responsabilidades políticas importantes, y no hay fundamentos jurídicos sólidos para una acción de ese tipo”.
La sentencia del Tribunal aún no se ha publicado formalmente, pero el acuerdo del pleno ya fue adoptado. Una vez notificada, el Senado deberá declarar vacante el escaño y será el Partido Socialista quien designe a su reemplazante.
En paralelo, continúa abierta una investigación penal que busca determinar si existió fraude al fisco en esta operación frustrada.
La exsecretaria de Estado además fue enfática al recalcar que la decisión de retirar su candidatura de la senadora no respondió a presiones externas ni a los sondeos de opinión pública.
