Tribunal Constitucional acoge a trámite el requerimiento de la UDI por “inconstitucionalidad” de objeción de conciencia

El pleno del Tribunal Constitucional resolvió este martes 20 de noviembre acoger a trámite los requerimientos presentados por miembros de la UDI, RN y Evópoli que buscan declarar inconstitucional el protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto. 

La decisión del TC refiere a las acciones interpuestas por las figuras del gremialismo Jacqueline van Rysselberghe y Javier Macaya, ambas respecto del artículo 13, inciso segundo, del Decreto Supremo Nº 67 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento para ejercer objeción de conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario.

El reglamento surgió como reemplazo del protocolo que a comienzos de mayo Contraloría determinó que “no se ajusta a derecho”.

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“Tú no le puedes exigir a entidades privadas que son parte de la sociedad civil, de los grupos intermedios, el cumplimento de requisitos como si se tratara de entidades estatales”, dijo Macaya en la presentación del requerimiento.

#ChileVamos presenta requerimiento al TC por objeción de conciencia institucional.
Dictamen impuesto por Contraloría, establece de forma arbitraria una suerte de igualdad entre lo estatal con lo público, sin que exista precepto legal ni constitucional que lo autorice. pic.twitter.com/PhmBOBmkcO

— Diputados UDI (@diputadosudi) November 20, 2018

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¿Qué buscan frenar?

La acción pretende declarar inconstitucional el artículo 13 inciso segundo del reglamento, que sostiene que “los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 36, de 1980, del Ministerio de Salud, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”.

Al incluir a algunos de los centros de salud privados, que no podrían ser objetores de conciencia de forma institucional para realizar un aborto, el gremialismo apunta a aquello sería una imposición de parte del Estado que va contra la Constitución al no hacer una diferencia entre lo publico con lo privado.