Rebaja de penas: Diputada Romero afirma que “es una crisis política” pero “llegar a la acusación constitucional es innecesario”

Esta semana, la oposición anunció que presentará una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de los decretos que rebajaron penas a 56 personas que abusaron de menores de edad.

La situación incluso ha generado división en el oficialismo, con algunos parlamentarios que han

En entrevista con CNN Chile Radio, la diputada Natalia Romero (independiente-UDI) afirmó que “esto es una crisis política” que debería subsanarse dentro de lo más próximo posible”.

Sin embargo, dijo que llegar a una acusación constitucional sería innecesario.

“Las acusaciones constitucionales siempre son un anuncio rimbombante de oposición cuando toca hacerlo. Yo ahí creo que primero hay que ver cuál es la postura de la acusación constitucional. Solo lo que ha habido hasta ahora es un anuncio”, comentó.

Según la parlamentaria, “es innecesario llegar a ese momento, al momento de la acusación constitucional. Lo hemos visto durante los últimos años, en que todas las acusaciones constitucionales tienen una gran cobertura; sin embargo, no solucionan los problemas de raíz”.

“Las acusaciones constitucionales son la última opción para subsanar algún tipo de conflicto o algún accionar de los ministros que esté reñido. En este caso particular, es una decisión que se toma y que es un error político, sin duda alguna. Pero llegar a la acusación constitucional, si usted me lo pregunta a mí, yo creo que es absolutamente innecesario”, reiteró.

Diputada Romero: “Aguantar la crisis repercute en la imagen del gobierno”

Romero también sostuvo que es “valorable” que el Gobierno haya presentado un proyecto de ley para impedir que abusadores de menores accedan a rebajas de condenas; sin embargo, aseveró que “la situación particular del ministro de Justicia sigue haciendo ruido respecto de su actuar y no solo para la oposición, sino también para algunos partidos de la coalición de gobierno”.

Si bien apuntó a que “las salidas son determinadas por el presidente de la República”, comentó que “no se zanja en un 100% este error político” con el anuncio de la iniciativa.

A su juicio, “aguantar estas crisis finalmente termina repercutiendo en la imagen del gobierno en general”.

“La crisis política se puede zanjar con una decisión que es del presidente y que puede ser una decisión que permita dar vuelta a la página y continuar con el trabajo legislativo y del gobierno lo más pronto posible”, acotó.

Consultada sobre si es un riesgo que el Ejecutivo deje que la acusación constitucional avance, Romero respondió que sí.

“Es un riesgo, es innecesario. Pero creo que, insisto, para no llegar a esa acusación constitucional, entendiendo por lo menos desde mi mirada que la decisión que se toma desde el Ministerio de Justicia es un error político, es poner sobre la mesa un conflicto tan delicado como esta rebaja de penas a abusadores de menores, debiera zanjarse antes de la acusación constitucional”.