Controversia ha generado la decisión adoptada el miércoles por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, la que por 11 votos a favor y uno en contra, aprobó el proyecto minero Dominga.
Distintos parlamentarios, agrupaciones sociales locales y personas a nivel nacional han manifestado sus críticas a la iniciativa, ya que argumentan que significaría daños irreversibles para el ecosistema de la zona.
¿En qué consiste?
El proyecto minero Dominga, perteneciente a la empresa Andes Iron (controlada por la familia Délano), busca instalarse en la comuna de La Higuera y contempla la construcción de dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, y un megapuerto para exportar su producción.
Desde la compañía detallan que, para proteger el patrimonio ambiental de la zona, la iniciativa “adicionará 56 barcos al año, es decir, uno a la semana, a una distancia de 30 kms de la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, en circunstancias que actualmente transitan más de 2.000 buques sin restricción alguna”.
Por otra parte, la empresa firmó un “Acuerdo Marco” con la comunidad tras un proceso de diálogo de dos años, con el compromiso de contribuir al desarrollo de la comuna al compartir parte de sus beneficios.
Además, se anunció la creación de un Centro de Investigación y Estudios Socio-Ambientales destinado a proteger la biodiversidad de la zona.
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Impactos ambientales
El principal cuestionamiento de distintas organizaciones ambientales apunta a la cercanía del proyecto con el Archipiélago Humboldt (30 kms.), un conjunto de ocho islas e islotes que resguardan uno de los ecosistemas más ricos del mundo, el que ha sido reconocido por el mundo científico nacional e internacional.
La zona fue reconocida como Hope spot (“Lugar de esperanza”) para los océanos del mundo por la fundación internacional Mission Blue, que dirige Earle, ya que en ella se concentra el 80% de los pingüinos de Humboldt y también hay gran presencia de ballenas azul, fin y jorobada, orcas, delfines, lobos marinos y chungungos.
Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fima, sostuvo que “se quiere instalar en un lugar frágil, donde hay especies que tienen la mayoría de su población como el pingüino de Humboldt o varios tipos de ballenas. También afecta a las personas que viven de ese medio ambiente, que actualmente está operando de forma armónica. Los impactos, a nuestro juicio, son mayores a cualquier beneficio que se pueda obtener”.
Por su parte, Nancy Duma, cofundadora de la Alianza Humboldt Atacama-Coquimbo, recordó en conversación con CNN Chile que “en 2005, la comisión regional de biodiversidad, que evaluaba cuáles eran los sitios de prioridad para conservar, precisamente indicó esta zona donde quieren emplazar este proyecto como un sitio prioritario para la conservación”.
Ante las críticas, Francisco Villalón, gerente de Asuntos Públicos de Andes Iron, aseguró que la propuesta “es compatible con el medio ambiente. No solo lo hemos dicho nosotros, si no que también, en reiteradas ocasiones, la justicia ambiental. Hemos visto un fallo que señala de manera categórica que el proyecto Dominga cumple con toda la normativa ambiental”.
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¿Qué se votó el miércoles?
La votación del miércoles fue realizada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, paso que sigue a la tramitación de la iniciativa en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La instancia está integrada por el delegado presidencial correspondiente a cada región, en este caso Pablo Herman; el o la directora regional del SEA; y los seremis de Medioambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Minvu, Transportes y Telecomunicaciones, Minería y Desarrollo Social y Familia.
Esta es la segunda vez que pasa por este escalón, luego de que en 2017 fuera rechazado tanto por esta misma instancia como por el comité de ministros durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, lo que entonces gatilló la salida de sus ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Felipe Céspedes.
La empresa acudió al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que en abril de 2021 falló a su favor y ordenó una nueva votación. Sin embargo, en mayo pasado, pescadores y organizaciones de la comuna presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema para invalidar la sentencia, sobre lo cual el máximo tribunal aún no se ha pronunciado.
La votación de ayer se realizó luego de que se rechazara el recurso presentado por la ONG Oceana, que reclamaba que ella no se debía llevar a cabo precisamente debido a que el proyecto está judicializado.
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¿Qué sigue en la tramitación?
La aprobación en la Comisión de Evaluación Ambiental no implica la resolución definitiva del proyecto.
De acuerdo a la Ley 19.300, el paso siguiente es la revisión por parte del Comité de Ministros, integrado por los titulares de Medio Ambiente, que lo preside; de Salud; de Economía; de Agricultura; de Energía y de Minería.
Aún se desconoce la fecha en que se conformará dicha instancia para la discusión de esta iniciativa en particular.
Finalmente, según lo que establece la misma normativa, el proyecto no podrá iniciar sus obras mientras tenga acciones pendientes ante la justicia y distintas agrupaciones ya han anunciado que interpondrán recursos de reclamo ante la Corte Suprema.
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