Previo a las declaraciones del actual director de la PDI, Sergio Muñoz, en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara baja, el diputado Marcelo Díaz (FA), miembro de la instancia, conversó con CNN Chile respecto de la investigación por malversación de fondos públicos que involucra al ex jefe de la institución, Héctor Espinosa.
Díaz comentó que “esperamos, por el bien de la institución, que [Muñoz] muestre toda la disposición para hablar, no solo con la comisión, sino que también con los tribunales de justicia”, aludiendo no solo al caso de malversación de fondos públicos, sino también al del fallecimiento de la subinspectora Vivanco.
Consultado por los casos de corrupción tanto en Carabineros como en la PDI, el diputado Díaz indicó que “pone en cuestionamiento la existencia de esta figura de los gastos reservados; es evidente que el Estado debe disponer de algunos recursos para gastos que no se pueden develar porque tienen relación con la seguridad exterior o la inteligencia externa de un país”.
Sin embargo, asumió, “si uno se fija, hemos tenido escándalos de utilizaciones irregulares de gastos reservados, especialmente en instituciones de las fuerzas armadas, de orden y seguridad, entonces se va a volver a plantear el debate sobre la subsistencia de estos recursos y, de subsistir, cuáles son los mecanismos de control, porque actualmente basta con que el responsable de la institución firme una declaración”.
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En ese punto, Díaz se detuvo a recordar la visita que dos gerentes del Banco del Chile hicieron a las oficinas de la PDI cuando detectaron movimientos irregulares en los activos de Espinosa, esto, “sin que haya levantado alertas en la Unidad de Análisis Financieros” (UAF) que, dijo, “la creamos para eso”.
Por lo tanto, analizó Díaz, “aquí no solo hay una falla de la institución, también hubo una falla del Estado“, por algo que pasó inadvertido y solo se descubrió tres años después.
Desde el momento en que Espinosa asumió el cargo, los movimientos de dinero fueron periódicos, contándose más de 50 depósitos hacia su cuenta, la de su esposa y, en menor medida, uno de sus colaboradores.
Cuando el banco detectó los movimientos “evidentemente irregulares”, contó el diputado, “fue debido a que el origen de las fuentes no coincidían con depósitos en efectivo: hablaba de pagos de la Mutual de carabineros, de viáticos, pero nada de eso en el Estado se paga en efectivo“.
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En su opinión “las declaraciones de Espinosa fueron inconsistentes, por lo que el banco tuvo antecedentes para haber alertado a la UAF, por lo que creo que la investigación que está llevando el Ministerio Público tiene que abarcar el conjunto de las aristas de este caso: el gobierno tienen la responsabilidad de comprobar si la UAF está haciendo su trabajo y si lo está haciendo bien“.
“Si nosotros no somos capaces de cautelar la invulnerabilidad de estas instituciones o establecer mecanismos de control que permitan detectar tempranamente hechos de corrupción, significa que tenemos un problema más estructural“, sentenció el diputado Díaz, por eso, sostuvo “tenemos el deber de indagar ahora cualquier otra posible arista del caso“.
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