La presentación de una querella contra el ex director de la Policía de Investigaciones (PDI) y de quienes resulten responsables, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos, no sólo es una pésima noticia, sino que es un nuevo golpe a la confianza.
Pese a caber la presunción de inocencia respecto de los imputados, es probable que seamos testigos del negativo impacto que este tipo de situaciones genera en la crisis de confianza -que evidencian diversos estudios, incluida la Encuesta Nacional de Transparencia del Consejo-, profundizando sus niveles actuales.
En concreto, la Policía de Investigaciones era, precisamente, una de las entidades públicas que acorde a cifras de la Encuesta 2020 del CPLT que realizamos anualmente, percibidas como de las más confiables en el país en el combate contra la corrupción.
Sin embargo y pese al complejo escenario que nos deja este anuncio, es necesario destacar el rol de las instituciones involucradas también con el combate contra la corrupción que levantaron alertas tempranas. Fue fundamental la labor de la Unidad de Análisis Financiero a propósito de las operaciones de compra de propiedades. Asimismo, otro elemento importante es la existencia de las declaraciones de intereses y patrimonio accesibles para todos y todas en los portales dependientes del Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República (www.infoprobidad.cl)
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Actuar de manera firme y categórica con cualquier tipo de irregularidad es un imperativo, como también lo es seguir en el camino de fortalecer nuestro ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. En efecto, de acuerdo a nuestra Encuesta Nacional de Transparencia, la ciudadanía percibe que en la actualidad existen más y mejores condiciones para conocer sobre casos de corrupción respecto de 10 años atrás, pero también ha aumentado significativamente la percepción sobre existencia de corrupción en el sector público.
La batalla contra la corrupción es una tarea permanente de la democracia y es por ello que creemos que parte de las acciones que deben emprenderse apunta a robustecer este ecosistema, configurado por las instituciones que están involucradas en el combate contra la corrupción y por las normativas que permiten poner luz allí donde no la hay. Asimismo, es necesario implementar un régimen de sanciones adecuadas, predecibles y que pongan el acento en la igualdad ante la ley.
Si logramos avanzar en este camino, iremos generando reglas del juego que sean equitativas y no que evidencien que existen obligaciones para unos y privilegios o márgenes de discrecionalidad para otros.
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En consecuencia, los avances que persiguen superar la opacidad en las instituciones requieren de un compromiso de todos los actores. Por esa razón, resulta complejo comprender que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que este mes conmemora 13 años desde su publicación en el diario oficial, no haya logrado ser modernizada hasta la fecha.
A casi tres años del inicio de la tramitación del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, continuar con una normativa que en esa época era un salto relevante pero que hoy tiene una serie de deficiencias por su grado de desactualización, no está la altura de los desafíos del país. El compromiso y el entusiasmo de las autoridades políticas y administrativas, actuales y futuras, debe ir de la mano con la adopción de prioridades legislativas que permitan a la ciudadanía volver a confiar en las instituciones de la democracia.
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