El delito de carácter de lesa humanidad ocurrió en septiembre de 1974 en Lautaro.
Personal policial actuó rápidamente y logró persuadir y contener a la víctima.
A diferencia del anuncio de la administración de Boric, en 2019 la ayuda se gestionó a través de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.