La presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, se refirió este miércoles a las palabras entregadas por la jueza Andrea Acevedo, quien estuvo a cargo de la formalización de Carlos Martínez, el carabineros investigado por la muerte de Jorge Mora, hincha de Colo Colo que falleció fuera del Estadio Monumental la noche del martes.
En la instancia que se desarrolló en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, la magistrada Acevedo indicó que el equipo de Colo Colo y específicamente la Garra Blanca tienen “una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución” y que parte de sus hinchas “tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general“.
Además, recalcó que al uniformado “no estamos hablando que a él le estaban lanzando flores o le estaban lanzando challas, le estaban lanzando objetos contundentes”.
En la misma línea, aseguró que “hay que ver hasta qué punto hay una exposición imprudente al daño, si estaba habilitado para cruzar y, por otro lado, el estado etílico. Recordemos que él venía saliendo de un partido de fútbol, desconozco las condiciones en las que la propia víctima se encontraba”.
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Ante estas declaraciones, Soledad Piñeiro indicó que “la independencia necesaria para el digno desempeño del trabajo de jueces y juezas representa un valor democrático que les obliga a ajustar sus resoluciones sólo a las leyes y a los antecedentes de la causa”.
“También impone el deber de fundamentación como herramienta que permite el control a través de recursos”, agregó.
Es por que “no es admisible que juzgadores utilicen prejuicios ni acudan a evaluaciones políticas, culturales o sociales personales que no sea posible desprender de los antecedentes de la causa para resolver lo sometido a su conocimiento”.
“Todos los jueces tienen opiniones personales sobre las cosas y visiones sobre los fenómenos sociales y políticos, pero precisamente la sujeción a las normas y la justificación de las decisiones es lo que permite que las personas tengan la garantía y seguridad de que sus conflictos están siendo resueltos y gobernados por las leyes, no por el arbitrio personal del adjudicador”. concluyó la presidenta de la Asociación de Magistrados.
El uniformado quedó con arraigo nacional y firma mensual mientras se desarrolle la investigación, que tiene un plazo de 90 días.
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