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La tarde de este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en primer trámite el proyecto de ley que refuerza la normativa sobre convivencia escolar, teniendo en cuenta el respeto a la identidad sexual y de género, sancionado toda forma de discriminación basada en dichos casos.

La iniciativa fue inspirada en el lamentable caso de José Matías Guevara, joven trans que sufrió permanentes situaciones de acoso y bullying en el establecimiento educacional del cual era parte en Copiapó, decidiendo terminar con su vida en 2019.

El texto fue ingresado en noviembre del año siguiente, suscrito por las y los diputados Daniella Cicardini (PS), Pamela Jiles (PH), Erika Olivera (IND), Camila Rojas (Comunes), Juan Santana (PS) y Marisela Santibáñez (PC), siendo firmado también por Natalia Castillo (RD), Maya Fernández (PS), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Camila Vallejo (PC).

Tras ser discutido en la Comisión de Educación, las normas generales del proyecto fueron aprobadas por 94 votos a favor, 22 en contra y 22 abstenciones, pasando a segundo trámite en el Senado. Entre otros temas, no pasaron la votación una disposición que obligaba a contar con ejemplares del reglamento con lenguaje inclusivo, tampoco fijar que los y las alumnas tienen derecho a que se respeten y reconozcan su libertad personal y de conciencia, así como su estatus migratorio, identidad cultural y pertenencia étnica.

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En tanto, el texto sí garantiza la participación de la comunidad educativa en su conjunto, el deber de los consejos escolares de velar por la no discriminación y la obligación de los establecimientos educacionales a contar con un equipo de convivencia escolar. Además, considera la situación especial de escuelas-cárcel, aulas hospitalarias, escuelas rurales y otros establecimientos.

Si bien todas las exposiciones en el debate dijeron estar en contra del bullying y el acoso al interior de los establecimientos educacionales, hubo diferentes posturas y enfoques. Según informó la Cámara, “algunos expositores de partidos de la derecha expresaron su total rechazo al texto propuesto, estimando que transgrede la libertad de enseñanza y establece limitaciones a la libertad de conciencia”.

Evaluaron igualmente que “parte de sus normas ya están reguladas en otras leyes y criticaron fuertemente el concepto de lenguaje inclusivo. En tales consideraciones, varios anunciaron reserva de constitucionalidad. Ello fue ratificado al momento de las votaciones por las bancadas republicana y del PDG“.

Términos y definiciones

El texto indica que se entenderá por buena convivencia escolar “las relaciones e interacciones inclusivas y democráticas que se dan al interior de la comunidad educativa”. Por otro lado,  se reconoce el conflicto como “una constante social, que se espera resolver a través de la corresponsabilidad de la comunidad educativa”.

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Asimismo, se establecen los pasos a seguir en caso de producirse conductas que puedan ser constitutivas de acoso, primeramente, a través de la obligación de denunciar los delitos que afectaren a estudiantes o que hubiesen tenido lugar en el establecimiento. En paralelo, se perfeccionan normas relativas a la calificación de gravedad de la violencia.

El proyecto promueve acciones para la prevención de acoso escolar y medidas de manejo y ayuda a quienes lo sufran, también “se exigen procedimientos objetivos para la protección de los afectados, evitar la revictimización y dar apoyo”.

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