El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió este martes a los alcances que tendrá la extradición del ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, también conocido como “Comandante Ramiro”, quien fue trasladado a Chile desde Brasil durante esta madrugada.
La autoridad explicó que el tratado de extradición que actualmente existe entre ambas naciones establece que “la pena es máxima que se puede imponer en el país que requiere es la pena máxima que se establece en el país requerido”.
En Chile, el ex frentista está condenado a dos cadenas perpetuas, lo que suma un total de 40 años de prisión, por su participación en el homicidio del ex senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
En tanto, en Brasil fue condenado a 30 años de prisión por el secuestro del empresario Washington Olivetto, de los que ya cumplió 16 en dicho país.
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Pero dado que la Constitución brasileña no contempla la pena de muerte ni cadena perpetua, la pena máxima que se puede aplicar en el país a Hernández Norambuena será de 30 años.
“No ha sido una decisión del gobierno la de rebajar la pena, como han dicho muchos, sino el cumplimiento de una obligación que emana de un tratado”, detalló Larraín.
El acuerdo de extradición se adoptó luego de que Hernández Norambuena cumpliera 16 años de condena en Brasil, con lo que podía aspirar a un régimen semi cerrado con reclusión nocturna y libertad diurna, por lo que el ministro señaló que había un “inminente riesgo de fuga dado su historial”.
Larraín agregó que, en ese escenario, el ex Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) pasará un máximo de 27 años en prisión debido a que cumplió 3 años de su condena entre 1993 y 1996, previo a la fuga que protagonizó en un helicóptero junto a otros tres frentistas. Eso sí, afirmó que la penalidad “deberá ser resuelta por nuestros tribunales”.
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Además, detalló que ya fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), el mismo recinto del que se escapó hace más de 20 años, y que se han implementado “todas las medidas posibles” para evitar que lo anterior vuelva a ocurrir.
“Hemos cerrado un ciclo y dado una señal potente de que los prófugos de la justicia no deben descansar porque la mano de la justicia chilena los va a perseguir hasta que cumplan”, cerró la autoridad.
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