Contraloría detectó deficiencias en gestión de residuos domiciliarios: 203 municipios no declararon recolección de basura en 2024

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de deficiencias en la gestión de residuos domiciliarios a nivel municipal. 

Estas irregularidades apuntan al reporte de información, la disposición final de desechos y el estado de la infraestructura utilizada para su tratamiento. Por ello, el ente contralor anunció una fiscalización nacional sobre la materia.

Deficiencias en gestión de residuos municipales

El análisis del ente contralor contempla el período 2022-2025, que consideró a las 345 municipalidades del país.

Para ello se usaron registros del Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), junto con antecedentes aportados por organismos públicos vinculados a la gestión ambiental y sanitaria.

De ese modo, se verificó que el 82% de los municipios “no informó, en al menos uno de los períodos analizados entre 2022 y 2024, antecedentes sobre la recolección, valorización y/o eliminación de residuos domiciliarios en el RETC, incumpliendo la obligación que permite monitorear la gestión de estos desechos”.

Por ejemplo, en 2024, un total de 203 municipalidades no declaró la recolección de los residuos sólidos domiciliarios en el RETC. En 2023 la cifra fue de 215 y en 2022 fue de 242.

A ello se suma que “el 49% de los sitios de disposición final de residuos domiciliarios no cuenta con autorización sanitaria vigente. Predominan en este grupo vertederos y basurales de operación municipal o mixta, situación que podría generar riesgos ambientales, sanitarios y financieros”.

Junto con ello, se detectó una “alta concentración de la disposición final de residuos en un número reducido de instalaciones”.

En concreto, se identificó la existencia de tres rellenos sanitarios que “reciben residuos equivalentes al 24% de las comunas del país y al 33% de las toneladas generadas a nivel nacional. En total, 12 sitios concentran residuos provenientes del 59% de las comunas y del 64% de las toneladas generadas en Chile”.

También se encontraron instalaciones con “condiciones críticas”; es el caso de ocho vertederos con vida útil vencida entre 2003 y 2015. Entre ellos están el vertedero Morrompulli (Región de Los Ríos), el cual “recibe residuos de todas las comunas de esa región”, y el vertedero Curaco (Región de Los Lagos), cuya vida útil restante se estima en solo un año.

Tras los resultados, la Contraloría llevará a cabo una fiscalización a nivel nacional con el objetivo de “evaluar los riesgos ambientales, sanitarios y financieros asociados al manejo de residuos sólidos domiciliarios, así como la operación de la infraestructura disponible, la calidad de la información reportada por los organismos competentes y el cumplimiento de la normativa vigente”.

Asimismo, se oficiará a las Seremis de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para que informen sus planes de fiscalización para el período 2026-2027 y adopten las medidas que correspondan.