Este jueves se publicó en el Diario Oficial la normativa conocida como “Ley Rutherford”, que considera una modificación al Código de Justicia Militar con respecto a la duración de ministros de Cortes de Apelaciones de los tribunales castrenses.
La iniciativa fue enviada por el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC) y permite que estos puedan extender su permanencia en sus cargos, de modo que tiene repercusiones importantes en las investigaciones judiciales al interior de las cortes militares.
El último trámite que debió sortear fue su paso por el Tribunal Constitucional (TC), organismo que el pasado 8 de enero dio su visto bueno cuando informó que “la modificación introducida al Código de Justicia Militar abarca el ámbito de la ley orgánica constitucional y, luego, llamado el Tribunal a pronunciarse respecto de la constitucionalidad de la norma, ésta fue declarada conforme con la Constitución”.
El proyecto lleva el nombre de la ministra en visita, Romy Rutherford, quien está a cargo de la investigación por el fraude en el Ejército, por la que han sido procesados altos mandos de la institución, entre ellos, los ex comandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.
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El pasado 30 de diciembre, el pleno de la Corte Suprema le renovó la exclusividad absoluta en la causa hasta marzo y cuando termine su mandato se tendrá que nombrar a otra persona que continué con las indagatorias.
Sin embargo, tras la promulgación de la ley, su estadía podría extenderse por un año.
La decisión ahora quedará en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si aplica la nueva normativa a Rutherford si es que se logra acuerdo del Pleno.
Entre lo más reciente con respecto a las indagatorias de la causa, a comienzos de diciembre la ministra en visita determinó la apertura de una nueva arista que involucra a la tercera antigüedad de la institución castrense, el general de División, Rodrigo Urrutia Oyarzún, por el delito de falsedad militar.
Lo anterior luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) denunciara que Urrutia, en su calidad de jefe del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), respondiera a la consulta de un periodista asegurando que no existían antecedentes respecto a una serie de contratos de esa división, pese a que la información sí estaba disponible.
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