La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast abrió un nuevo flanco dentro del oficialismo, luego de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtiera que su partido no está disponible para respaldar la iniciativa en sus condiciones actuales.
El timonel gremialista cuestionó parte del diseño elaborado en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), particularmente aquellas disposiciones que buscan incorporar en la Constitución excepciones destinadas a combatir organizaciones criminales.
“En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, sostuvo Ramírez en conversación con La Tercera.
El diputado aclaró que su partido no se opone a todos los cambios constitucionales contemplados por el Ejecutivo. De hecho, respaldó la creación de un nuevo estado de excepción y señaló que tampoco tiene reparos de fondo respecto de una revisión de las facultades de las instituciones encargadas de la seguridad.
Su principal objeción apunta a llevar a la Carta Fundamental materias que, a su juicio, deberían quedar reguladas mediante leyes.
Ramírez cuestiona las excepciones a derechos constitucionales
Entre los puntos que generan reparos se encuentra la propuesta de establecer tratamientos diferenciados para personas vinculadas al crimen organizado y declarar expresamente que determinados regímenes penitenciarios no constituyen una discriminación arbitraria.
“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional”, afirmó.
Ramírez advirtió que recurrir a ese mecanismo podría sentar un precedente para que futuros gobiernos incorporen otras excepciones a las garantías constitucionales con objetivos políticos distintos.
“No podemos debilitar nuestra Constitución sentando el precedente de que podríamos pasar por encima de normas generales de la Constitución a través de excepciones”, planteó.
El presidente de la UDI aseguró, sin embargo, que comparte el objetivo de endurecer las sanciones e inhabilidades para personas condenadas por delitos graves. La diferencia está en el mecanismo: su colectividad apuesta por avanzar mediante legislación ordinaria en aquellas materias que no requieren necesariamente una reforma constitucional.
Las palabras de Ramírez provocaron distintas reacciones dentro de su propio partido.
La diputada Constanza Hube sostuvo que la agenda de seguridad no debe quedar supeditada exclusivamente a una reforma constitucional y remarcó que el texto todavía puede experimentar modificaciones.
“Vamos a apoyar aquellas reformas constitucionales que sean acotadas, quirúrgicas”, señaló la parlamentaria, quien además cuestionó la filtración de versiones preliminares del proyecto.
El senador Iván Moreira, en tanto, llamó a evitar una disputa antes de conocer la propuesta definitiva que deberá discutir el Congreso.
“No generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma y de las leyes que se implementarán en Chile con respecto a la seguridad”, sostuvo.
Moreira planteó que el proyecto todavía puede ser revisado durante su tramitación mediante acuerdos entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas.
RN pide discutir diferencias dentro del oficialismo
También surgieron cuestionamientos al modo en que Ramírez hizo públicos sus reparos.
El diputado de Renovación Nacional Mauro González sostuvo que las observaciones a una agenda prioritaria para el Ejecutivo deberían discutirse primero dentro de la coalición.
“Por ningún motivo abrir un flanco que dañe una agenda que es tan importante para el país”, afirmó.
Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert defendió el objetivo de la propuesta y aseguró que el Ejecutivo busca entregar herramientas adicionales al Estado para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.
El parlamentario llamó tanto al oficialismo como a la oposición a revisar en profundidad cada una de las iniciativas cuando lleguen al Congreso.
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