En medio de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por los millonarios contratos de transferencia entre la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta, es que el abogado del senador Fidel Espinoza (PS), solicitó la ampliación de la querella contra Carlos Contreras, quien fuera seremi del Ministerio de Vivienda en dicha región, y el desafuero de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez.
A la fecha, Contreras se mantiene en prisión preventiva, tras ser acusado de fraude al fisco, cohecho, negociación incompatible y omisión de denuncia.
De acuerdo a Soy Chile, la solicitud de ampliación de la querella apunta a que el exseremi “tenía un interés de que se llevaran a cabo los convenios, sin realizar ningún tipo de control, primero en sí se concretaran y después en verificar la legalidad de los traspasos descritos. Por lo que claramente su intención no era realizar la ejecución de los convenios, considerando que en el transcurso de la investigación no se cumplieron las exigencias administrativas y legales en la suscripción de convenios, sino que más bien estos fueron realizados por el interés manifiesto que tenía Contreras para aprovecharse de dichos dineros sin justificación alguna”.
Desafuero de Pérez
El abogado del senador Espinoza también requirió ampliar dicha querella contra la diputada RD Catalina Pérez, acusándola de delitos como como negociación incompatible, omisión de denuncia, fraude al fisco y cohecho.
Para ello, solicitó desaforar a la representante de la Región de Antofagasta, y así poder concretar acciones legales en su contra: “A esto se suma que tanto funcionarios del Minvu Antofagasta como la diputada Pérez conocían todos los ilícitos descritos, por lo que además solicitamos el desafuero de la legisladora para efectos de perseguirla penalmente”, indica Soy Chile.
Uno de los argumentos tiene relación con los traspasos bancarios que habría realizado a su expareja, Daniel Andrade, exrepresentante legal de Democracia Viva y quien también se encuentra en prisión preventiva.
De esa manera, se pidió incautar otra vez computadores, teléfonos y otros dispositivos de la autoridad, además del levantamiento de su informe patrimonial y que se le cite a declarar para esclarecer traspasos que habría realizado al seremi de Medioambiente, Gustavo Riveros, y a la jefa de gabinete de la Municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramírez.
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