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Durante la mañana de este miércoles, la Corte Suprema rechazó los recursos de amparo presentados por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien se encuentra procesado por la malversación de $4.500 millones desde gastos reservados asignados al Ejército.

La decisión fue adoptada tras una votación de cinco votos contra uno, y de este modo, se descartó la solicitud revocar la prisión preventiva que el ex general en retiro cumple desde el pasado 25 de junio en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, por orden de la ministra en visita Romy Rutherford. 

Los recursos de amparo ya habían sido rechazados el viernes pasado por la Corte Marcial, por lo que Oviedo se mantendrá con la medida cautelar y por el momento las investigaciones continuarán su curso.

Durante las últimas semanas se ha generado toda una batalla con respecto al estado en que se encuentra la causa. Esto luego de que el jueves pasado el Tribunal Constitucional (TC) aclarara que la suspensión que decretó en enero pasado con respecto a las pesquisas realizadas por Rutherford aplican para toda la investigación contra Oviedo y no sólo la arista “Empresas de Turismo”.

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Por esta razón, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó este martes un requerimiento en que cuestionó al tribunal por su falta de claridad al suspender la indagatoria y respaldó a la ministra a cargo de la investigación, Romy Rutherford.

La consejera María Inés Horvith relcalcó que Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba afectaron la seguridad nacional por hacer mal uso de los gastos reservados dispuestos para la defensa del país.

A ella se sumó la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, quien ingresó un documento en que solicita al tribunal revisar lo antes posible el fallo que suspendió las indagatorias contra Oviedo.

En total son dos los ex comandantes en Jefe del Ejército quienes se encuentran detenidos por el fraude al interior del Ejército: los generales en retiro Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, y en el caso del primero, se habla de una malversación de $ 3.500 millones. 

Lee a continuación el documento:

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