Este martes la Contraloría General de la República tomó razón esta jornada del decreto firmado por el presidente Sebastián Piñera y que entrega facultades a las Fuerzas Armadas para el combate del narcotráfico en las zonas fronterizas.
El organismo fiscalizador acompañó la toma de razón con un oficio de alcance, en el que explicita que la acción de las FF.AA. sólo puede desarrollarse en la frontera.
De este modo, aclara que los uniformados en ningún caso podrán desempeñar funciones propias de las policías, por lo tanto, su ámbito de acción “se debe circunscribir a la prestación de apoyo en los ámbitos de logística, de transporte y de tecnología en zonas fronterizas nacionales”.
Del mismo modo, se indica que corresponde al Ministro del Interior y Seguridad Pública evaluar y adoptar la decisión política acerca de la colaboración con el Ministerio de Defensa, sin que las Fuerzas Armadas puedan realizar labores de apoyo de manera autónoma, “quedando en todo momento sometidas a la autoridad civil encargada de esta materia”.
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Además, establece que deberá existir una coordinación con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que la colaboración se desarrolle sólo en zonas fronterizas.
Desde La Moneda, el presidente Sebastián Piñera valoró la toma de razón del decreto y señaló que este “va a fortalecer nuestra capacidad de proteger mejor nuestras fronteras”. “Al igual que no se puede combatir a los ladrones dejando las puertas de nuestras casas abiertas, no se puede combatir el narcotráfico dejando nuestras fronteras abiertas”, siguió.
“Quiero decirle a todos nuestros compatriotas que esto va a significar una mayor capacidad de la sociedad chilena para proteger mejor nuestras fronteras, para impedir que el crimen organizado y narcotráfico circulen por ellas con tanta libertad como lo hacen hoy día”, agregó el mandatario.
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En la misma línea, indicó que “va a significar un país más seguro, para proteger mejor a nuestros niños y jóvenes y que no sigan cayendo en el flagelo que significa el consumo de drogas y narcotráfico”.
Este decreto causó polémica cuando fue anunciado, el pasado 9 de julio, y desde la oposición acusaron que era “inconstitucional”.
En una primera instancia, el contralor Jorge Bermúdez recomendó al Gobierno realizar precisiones al documento original, por lo que el Ejecutivo debió reingresar el texto para aclarar “qué es lo que van a hacer efectivamente las FF.AA., como también sobre el ámbito geográfico donde esto se va a realizar”.
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