El Consejo para la Transparencia, al igual que el resto de los organismos del Estado, entidades privadas y personas, ha tenido que adecuarse a las condiciones que impuso el estado de emergencia por COVID-19, y continuamos haciéndolo un año más tarde tras el anuncio de nuevas medidas de confinamiento y una vez iniciado un proceso de vacunación que no genera aún los efectos esperados.
Una de las cuestiones que permanecen inalterables, y que hemos intensificado, son las acciones orientadas a garantizar el respeto al derecho fundamental que tiene toda persona de acceder a la información en poder de los organismos de la Administración del Estado, puesto que, a diferencia de lo ocurrido en otros países, en Chile su ejercicio se mantiene totalmente vigente en el contexto del estado de excepción de catástrofe. Así lo recalcó nuestro Consejo Directivo a través de una declaración pública en los inicios de la crisis sanitaria.
Cuidar la transparencia y el acceso a la información sobre las acciones y el fundamento de las decisiones que toman las autoridades, en un contexto como éste, es un pilar fundamental de la gestión de la emergencia. Así se ha comunicado vía oficios, recordatorios y orientaciones a los organismos y autoridades, con el objeto de mantener inalterable el ejercicio del control ciudadano y el ejercicio del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. En paralelo, hemos fiscalizado, realizado sugerencias para mejorar procesos y recordado las obligaciones que las entidades públicas tienen en esta materia.
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El balance del Consejo para la Transparencia 2020 evidenció un alza en los requerimientos de información dirigidas a instituciones cuyo quehacer se vincula con distintas fases de la emergencia. Destaca, por ejemplo, el incremento de un 40% de las cifras de requerimientos en el caso del Registro Civil -que subió del sexto al segundo lugar de los organismos más solicitados entre 2019 y el año pasado-; y el de la Subsecretaría de Salud Pública, que avanzó cinco puestos, quedando en el séptimo lugar en 2020, con más de un 20% de solicitudes por sobre lo registrado en 2019.
Asimismo, hemos identificado un aumento de reclamos presentados ante el Consejo para la Transparencia entre 2019 y 2020, ocupando los primeros lugares de las instituciones más reclamadas la Subsecretaría de Salud Pública (con 336 casos), el Registro Civil (con 223) y Carabineros (con 207).
En foros a nivel de Iberoamérica se ha evidenciado que la normativa, al menos en cuanto a los reclamos, es sensible a las coyunturas políticas y sociales que viven los países. Así lo vimos en Chile con el movimiento social y sus efectos a partir del 18 de octubre de 2019 y posteriormente con la pandemia, por lo que hoy, ante el alto nivel de contagio y nuevas medidas restrictivas, sigue siendo un desafío mantener y en algunos casos elevar los niveles de transparencia, tomando en consideración la experiencia adquirida en esta emergencia.
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Otra cuestión fundamental sigue siendo el tratamiento y medidas de seguridad que se implementan en materia de protección de datos personales y sensibles, dado que el estado de salud de una persona está bajo un régimen de resguardo aún mayor.
El reforzamiento de las tareas pedagógicas y educativas respecto del rol de los órganos de la Administración del Estado y de la población en general para crear conciencia, en especial bajo una norma sobre protección de datos personales obsoleta como la chilena, resulta clave, pero requiere de otras acciones –normativas, por ejemplo- para hacerse cargo de los desafíos que impone Internet, el uso de redes sociales y fenómenos como la desinformación o las noticias falsas.
Una de las lecciones que esperamos aprendan las instituciones es que la transparencia y el acceso a la información son centrales para conocer los fundamentos de las decisiones que toman las autoridades y para generar confianza en la decisión misma, lo que resulta condición ineludible si se quiere dotar de legitimidad a dichas decisiones y que éstas sean cumplidas por las personas, que buscan no sólo tener certezas, sino que se respeten sus derechos fundamentales en un contexto tan cambiante. La información pública de calidad y oportuna puede salvar vidas, como ha quedado en evidencia con esta pandemia
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