Por Patricia Muñoz

Las elecciones del próximo 11 de abril constituyen un hito democrático fundamental en el proceso de construcción de una nueva Constitución para Chile. Durante este mes, y a través de los distintos formatos permitidos por la ley, escucharemos los planteamientos de candidatas y candidatos a la Convención Constitucional y, al término de este período, ciudadanas y ciudadanos podremos elegir a quienes nos representarán en esta etapa histórica.

Sin embargo, en este proceso de discusión, candidaturas y elecciones, los niños, niñas y adolescentes siguen invisibilizados y ausentes, el Estado se ha negado, a pesar de la obligación que le impuso la Convención sobre los Derechos del Niño hace 30 años, a reconocerles y tratarles, de manera plena, como sujetos de derecho. Para que esta nueva etapa país constituya, de verdad, un nuevo trato con ellas y ellos, su voz, ideas y propuestas no pueden seguir ausentes.

La falta de una escucha activa a niños, niñas y adolescentes, por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto, impide una participación incidente de ellas y ellos en este proceso, situación que resulta aún más incomprensible tratándose de la culminación de una etapa política que fue iniciada e impulsada por el liderazgo movilizador de estudiantes secundarios, en el que muchos de ellos y ellas dieron a conocer, de manera clara, fundada y consistente, sus aspiraciones de un cambio social profundo, relevando la manifiesta conexión que les asiste con los problemas que enfrentan sus familias, comunidades y territorios.

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Este rol crucial que juegan los niños, niñas y adolescentes, como agentes claves de su propio desarrollo y del desarrollo de un país, no hace sino confirmar lo que sabemos por la experiencia internacional y nacional: niños, niñas y adolescentes tienen toda la capacidad y habilidades para formar parte de todos los espacios de participación, formales e informales, en los que se toman decisiones que les afectan, y la necesaria escucha de sus análisis promovidos por la conexión que tienen con la realidad social que enfrentan, debe constituirse en un insumo esencial de consideración por parte de las autoridades públicas responsables de la toma de decisiones.

La invisibilización de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente, lamentablemente, no es sorpresiva, más bien es el resultado lógico de un contexto institucional en que el Estado de Chile ha incumplido su rol de garante y promotor de sus derechos. Esta realidad fue denunciada, ya el año 2015, por el Comité de los Derechos del Niño, al expresar su preocupación por la falta de reconocimiento expreso y explícito al derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en todas las cuestiones que les afectan. Este incumplimiento en la satisfacción de esta garantía efectiva se expresa, por ejemplo, en la ausencia de estructuras oficiales que permitan, de manera permanente, la participación efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas públicos relativos a la niñez y adolescencia, y en todo proceso en que su voz debiera ser tomada en consideración.

Por su parte, los niños, niñas y adolescentes perciben de manera clara esta brecha de reconocimiento a su derecho a ser oídos, así, el Estudio de Opinión de Niños Niñas y Adolescentes, de la Defensoría de la Niñez, del año 2019, señala que, aproximadamente, 6 de cada 10 adolescentes de enseñanza media (58%) considera que los adultos toman poco o nada en cuenta su opinión. Que, en relación con el proceso constituyente, el 53,7% de los niños, niñas y adolescentes manifestó que le gustaría participar en los plebiscitos contemplados para construir una nueva Constitución, lo que aumenta a un 63.6% en las y los adolescentes entre 14 a 17 años de edad. La creación de estos espacios de participación debe ser una prioridad para nuestro Estado e institucionalidad, permitiendo que pasemos del discurso a la acción, concretando de manera urgente el cambio del paradigma que sigue reduciendo a los niños, niñas y adolescentes a meros objetos de protección, por aquel que les reconoce y trata como verdaderos sujetos de derechos, que es lo que son.

Es por esto que, en este periodo de discusión constitucional, es fundamental que candidatos y candidatas a convencionales constituyentes den a conocer propuestas concretas sobre sus percepciones, ideas y propuestas en relación con el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes en nuestra nueva Constitución, así como también que generen instancias participativas con ellos y ellas, que les permitan oír, recoger y visibilizar sus opiniones y aportes para, luego de las elecciones y al momento de determinar sus normas de funcionamiento, la Convención Constitucional pueda contemplar espacios específicos, explícitos y con cobertura territorial suficiente, que permita a dicho órgano escuchar y tener debidamente en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes en todo nuestro país, de manera que la nueva carta fundamental sea construida considerándoles a ellas y ellos, asegurándoles el ejercicio efectivo a su derecho a participación.

Por su parte, la nueva Constitución, de adoptarse, debe reconocer, de manera explícita, a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, e incorporar, de manera expresa también, el reconocimiento pleno de la consideración primordial de su interés superior, de su participación efectiva e incidente y de su derecho a ser oído, todos principios ya asumidos por nuestro país en virtud de la ratificación, el año 1980, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Solo una concepción constitucional que les visibilice de manera concreta y los posicione en un lugar de igualdad y equidad con quienes no se encuentran en su situación de vulnerabilidad, permitirá que todas las acciones, planes y programas del Estado se diseñen, implementen y evalúen teniendo sus derechos humanos en el centro y como prioridad, asegurándose la creación de un verdadero sistema de garantías de la niñez y la adolescencia, hoy inexistente en Chile.

Otro ámbito en el que debiera reconocerse el valor de la participación de la adolescencia, se relaciona con la necesidad de debatir, y ojalá concretar un acuerdo transversal, que permita que las y los adolescentes, a partir de los 16 años, tengan derecho a votar en el plebiscito de salida en el que se aprobará o rechazará la propuesta de la nueva Constitución. Ya perdimos la oportunidad de incluirles en la votación del 11 de abril, al rechazarse en el Congreso la reforma que les permitía participar con su voto en estos procesos eleccionarios, por lo que es esencial no repetir este error.

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Si estas condiciones mínimas se cumplen, no sólo podremos enorgullecernos por ser el único país del mundo en que la nueva Constitución será redactada de manera paritaria, sino que también podremos hacerlo por haber relevado la existencia de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, claves para el desarrollo país, exhibiendo, con presuntuosa alegría, que les vimos, les oímos, les valoramos y visibilizamos sus voces, miradas, opiniones, críticas y aportes, propiciando una mirada innovadora, destinada a construir un mejor país, sin mezquindades ni violencia, que se concrete a través de la virtuosa vinculación y trabajo intergeneracional que no podemos desaprovechar en esta instancia crucial.

Como Defensoría de la Niñez seguiremos impulsando, durante todo este período, iniciativas que generen espacios con gobernanza intergeneracional, que recojan en plenitud la voz de los niños, niñas y adolescentes, haciendo llegar su opinión y propuestas a la Convención Constitucional. Para eso estamos trabajando, desde el año 2019, en distintas instancias participativas, como la Alianza Mi Voz Cuenta, e impulsaremos y respaldaremos todas las iniciativas que promuevan y potencien la participación efectiva e incidente de niños, niñas y adolescentes, entregándoles información con lenguaje apropiado, comprensible e inclusivo, para sus distintas edades y grados de madurez, de manera de fortalecer su oportunidad de influir en lo que la Convención Constituyente decidirá.

Hacemos un llamado a los candidatos y candidatas a incluir en sus propuestas el reconocimiento de estos derechos mínimos para los niños, niñas y adolescentes en la nueva Constitución, y a las y los futuros convencionales constituyentes a poner a la niñez y adolescencia como prioridad en sus discusiones, asegurándoles en ellas su participación efectiva e incidente.

Nuestro Estado, nuestra sociedad y todos quienes la integramos, tenemos una deuda pendiente con asegurarles el ejercicio efectivo del derecho a participación de nuestros niños, niñas y adolescentes. No desperdiciemos esta enorme oportunidad de saldarla.

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