La oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, realizó visitas a varios centros penitenciarios y entrevistó a un grupo de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis política y social por la que atraviesa Venezuela.
Tras las labores realizadas por el equipo de su oficina en el país petrolero, Bachelet ofreció este miércoles una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y expuso los planes de apoyo de la comisión.
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“Mi oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena”, detalló Bachelet.
La alta comisionada hizo énfasis en el caso del diputado opositor Juan Requesens, detenido en 2018, imputado por siete delitos, tras ser señalado de presuntamente estar involucrado en el intento de magnicidio que denuncia el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que ocurrió el 4 de agosto.
Requesens ha defendido su inocencia y su familia categoriza su detención como un “secuestro”. Bachelet considera el caso de Requesens como una detención arbitraria y pidió se otorgue libertad plena al diputado.
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Plan de trabajo
Para atender la situación de los derechos humanos, Bachelet detalló que firmó junto al canciller del Gobierno de Venezuela, Jorge Arreaza, una carta de entendimiento que formaliza la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país, concediéndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención.
La carta también establece nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del Estado, incluyendo la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en el país.
Bachelet informó que además se acordó un plan de trabajo conjunto para desarrollar actividades de cooperación técnica en materia de derechos humanos que será implementada por un Comité de Coordinación Interinstitucional y adelantó que en la segunda mitad del 2020 creará “un plan nacional de seguimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos y la adopción de una metodología para la formulación del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos”.
También “a partir del primer trimestre de 2020, asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva”.
La alta comisionada reiteró que la situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales. También enfatizó que continúan las fallas de los servicios públicos, especialmente en el estado Zulia.
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“Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos/as han migrado al extranjero o a la capital del país”, describió Bachelet.
La situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes es preocupante, dijo Bachelet. “Durante el mes de noviembre, Caritas informó que, en las parroquias más pobres de 19 estados del país, 11,9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda – un alza de 56% en contraste con el 2018 – y que 32,6% tienen retardo en el crecimiento. Caritas también informó que 48,5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales”, citó la alta comisionada.
La oficina de la alta comisionada estima que debido a la situación del país sudamericano, unas 6,5 millones de personas habrán migrado al final de 2020. “Me preocupa el incremento de la migración irregular debido, por una parte, a los mayores requisitos de ingreso a algunos países de tránsito y destino, pero también, por las dificultades que las personas venezolanas están enfrentando en obtener su documentación de viaje”, denunció Bachelet.
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“Recientemente, las autoridades venezolanas incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente a 54 salarios mínimos. Ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico y trata de personas”, indicó en el nuevo informe.
Bachelet también informó que su oficina ve con preocupación el hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, y la restricción de libertades públicas.
La alta comisionada concluyó su mensaje haciendo un nuevo llamado a que se retomen las negociaciones “para alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población”.
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