Brechas en transparencia: El talón de Aquiles del primer año del royalty minero

En los reportes oficiales, la Municipalidad de La Granja informó que la totalidad de los Fondos Puente del Royalty Minero —$732.998.000— fueron gastados en servicios de aseo domiciliario. Sin embargo, en los pasillos de ese municipio, el relato es otro. La concejala Ximena Palacios (FA) señala que en la mesa del Concejo Municipal no hubo listado de proyectos ni montos. “Se habló de inversión comunal, pero no se definió en qué”, afirma.

La confirmación llegó por la vía administrativa. Luego de consultar a funcionarios del municipio, Palacios encontró un panorama que no esperaba: el aporte extraordinario de los denominados Fondos Puente 2024 —correspondientes al Fondo de Equidad Territorial (FET) proveniente del Royalty Minero— fue mezclado con el presupuesto total del municipio y distribuido de manera uniforme a distintas áreas; pero fue reportado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) como “servicios de aseo”, solo con el fin de salir del paso del reporte trimestral que este nuevo aporte económico exigía.

El caso de La Granja no es el único: en Cerro Navia los Fondos Puente aparecen ejecutados en Gastos en Personal sin una glosa fina[1.1], y en Talagante y Pirque, Contraloría abrió auditorías por gastos imputados al royalty, relacionados a cultura y concesiones de aseo. En contraste, El Bosque y San Ramón han reportado con mayor detalle y respaldo, como se detalla en este reportaje.

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La Ley de Royalty Minero nació con un horizonte claro: recaudar a través de las ganancias de la gran minería y devolver parte de ese dinero a los territorios más rezagados económicamente. En pos de lograr este objetivo, la ley creó dos bolsones: el Fondo de Equidad Territorial (FET), pensado para las comunas con menos ingresos a nivel nacional, y el Fondo Común Minero (FCMI), para comunas afectadas por las externalidades generadas por la actividad minera.

Infografía: Mariana Araya Labarca

Con el fin de destrabar recursos antes de que el Royalty empezara a recaudar, el Gobierno de Chile creó en 2024 los denominados Fondos Puente: un anticipo extraordinario con cargo al Tesoro Público para llegar rápidamente a los gobiernos locales mientras se consolidaba la recaudación. El razonamiento era simple: podía pasar un año antes de obtener los ingresos completos y las necesidades municipales no podían esperar.

La justificación, dice Francisco Pinochet —quien se desempeñó como jefe de la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) durante la administración del ex Presidente Gabriel Boric—, fue doble: liquidez y brechas en el sistema local, con comunas que dependían en gran parte del Fondo Común Municipal. “Había un consenso de que había que inyectar recursos a los gobiernos locales”, explica, y agrega que “entre más dependencia tiene un municipio, más pobre es y, por lo tanto, requiere un apoyo adicional”.

La regla era simple: separar, documentar y reportar. Separar: abrir una cuenta distinta al presupuesto municipal. Documentar: respaldar cada gasto con un decreto, licitación u orden de compra. Rendir: informar a Subdere el destino de los fondos, su uso y la glosa correspondiente.

Con los recursos ya en los municipios, llegó la primera fotografía nacional. Según el informe realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, al 31 de enero de 2025, 300 comunas registraron sus modificaciones presupuestarias y 267 detallaron gastos: $68.880 millones fueron imputados y $40.387 millones ejecutados.

Pero, la experiencia reciente advierte riesgos. Un reportaje de CIPER Chile mostró que las comunas del centro-norte del país realizaron compras cuestionables: eventos, funerales, pagos de sueldos e indemnizaciones; y evidenciaron una rendición débil y cuentas poco claras. En varios casos, el dinero se movió más rápido que los documentos que debían justificarlo.

En el sur de Santiago, La Granja es una de las más de 300 comunas que dependen fuertemente del Fondo Común Municipal, lo que empuja el presupuesto hacia el gasto corriente (aseo, seguridad, mantención) más que a inversiones de largo plazo.

El tablero político de la comuna cambió a fines de 2024: tras 12 años de Felipe Delpín (DC), Claudio Arriagada (IND) volvió a la alcaldía el 9 de diciembre de 2024 con la promesa de “orden y transparencia”, aunque el panorama actual, al menos en el manejo de los fondos del royalty, dista de aquello.

Según fuentes internas, durante la administración anterior no se habrían cumplido las directrices de Subdere y Contraloría para administrar los Fondos Puente 2024, y en la gestión actual el problema persistiría: el Royalty volvió a integrarse al presupuesto general, sin trazabilidad clara, incluso para el propio Concejo Municipal.

Para la concejala Ximena Palacios es una falla de gobernanza. “Yo creo que hubo una mala administración por parte de la gestión anterior, muy deficiente, donde había muchas cosas contradictorias, y muchos problemas en el ámbito financiero”, sostiene.

Pero La Granja no es el único municipio bajo la lupa: en la Región Metropolitana, la Contraloría General de la República está llevando a cabo dos auditorías focalizadas en estos gastos. En Talagante indaga la transferencia de $125.074.000 a la Corporación Municipal de Arte y Cultura, declarada con cargo a los Fondos Puente 2024, mientras que en Pirque examina el pago de $133.738.649 —equivalente al total asignado— por servicios de aseo domiciliario.

Cinco gigantes y un adelanto del Royalty

Puente Alto es una comuna afectada por la crisis de seguridad, la vulnerabilidad socioeconómica y problemas en la infraestructura y movilidad, con una preocupación especial por el ausentismo escolar.

Este es el municipio que recibió el monto FET más alto del país —$3.220 millones—, pero ejecutó sólo un 2%: $52 millones destinados al “Mejoramiento infraestructura Bomberos”. El 98% restante quedó comprometido en una cartera de proyectos de iluminación, alarmas, cámaras y multicanchas, el cual se ejecutó a lo largo del 2025 según nuevos reportes trimestrales.

El encargado de Planificación Financiera de Puente Alto, Luis Olguín, sostiene que el bajo nivel de ejecución responde a problemas estructurales del ciclo de inversión: “Los proyectos no tenían diseño, eran ideas. Se desarrollaron las propuestas, se licitaron, pero varias licitaciones quedaron desiertas. Por eso no avanzaron”. Agrega que las iniciativas ya están en marcha y que “serán rendidas en el informe correspondiente a 2025”.

El exjefe de la División de Municipalidades de Subdere, por su parte, aclara que “los municipios, a diferencia del Ejecutivo, pueden dejar Saldo Inicial de Caja”, lo que permite que los recursos no utilizados en el año permanezcan en la misma cuenta para el presupuesto siguiente.

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En Maipú, comuna a cargo de Tomás Vodanovic (FA), las urgencias son concretas: seguridad barrial, mejoras en agua y saneamiento a cargo de SMAPA y servicios que la comunidad viene pidiendo hace años. Aunque existen planes de inversión sanitaria y programas de prevención, la percepción ciudadana sigue centrada en la falta de intervenciones visibles para los más de 503.635 habitantes de la comuna.

En ese contexto, el Royalty llegó y el 100% del fondo —más de $1.669 millones— se transfirió a la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC) cuando los establecimientos educacionales aún dependían de esta y no del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santa Corina.

Tras consultar al municipio por la razón de la transferencia, explicaron que “la decisión se adoptó para asegurar el buen funcionamiento de dichos establecimientos, a raíz de la disminución de ingresos provocada por la reducción en las matrículas escolares”. El Concejo Municipal aprobó el aporte por unanimidad el 13 de junio de 2024.

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En La Pintana, las urgencias son conocidas por los vecinos: inseguridad en los barrios, pavimentos deteriorados, luminarias y paraderos que requieren mantención, además de servicios esenciales que no siempre llegan con equidad a todos los sectores.

Con este telón de fondo, el Royalty dejó una señal concreta. En 2024, el municipio destinó más de $1.328 millones —la totalidad del Fondo Puente del FET— a repavimentar las calles, una decisión que conversa con las prioridades del territorio. En el expediente revisado aparece un saldo de $4.014.198 cuyo uso no está documentado, mientras que la Subdere reporta una ejecución total del fondo. El desajuste entre ambas cifras vuelve difícil reconstruir el destino final de esos recursos.

Tras consultar al municipio no se recibió respuesta por parte de la Dirección Administrativa y de Finanzas.

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Por su parte, en El Bosque las prioridades se asemejan a las de los territorios mencionados: seguridad en barrios tensionados, mantención de la infraestructura urbana y el desafío de asegurar servicios básicos para toda la población.

En esta comuna, el Royalty se usó de forma mixta. Según el último reporte a la Subdere, el municipio dirigió cerca de $142 millones al pago de sueldos de docentes —en educación de adultos, básica y técnico profesional— además de remuneraciones e indemnizaciones de funcionarios de la Dirección de Educación Municipal, junto con honorarios para el diseño de un polideportivo.

Además, se destinaron más de $61 millones a Bienes y Servicios de Consumo, en pos de cubrir los programas de arte, cultura, deporte, participación ciudadana, fortalecimiento del currículum e interculturalidad: alimentos, bebidas, vestuario y calzado, materiales de enseñanza, conexión a internet y el uso de buses para actividades comunitarias.

Otra parte del fondo se orientó a iniciativas de inversión: $440 millones se asignaron a la compra de un terreno para la Dirección de Salud Municipal (DISAM) y al mejoramiento de la cancha de la Escuela Básica Mario Arce Gatica.

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En Cerro Navia, el día a día depende de soluciones de corto plazo y presupuestos apretados: una crisis de seguridad persistente, mantención urbana constante y servicios que requieren que la estructura administrativa opere sin interrupciones. Aquí el Royalty terminó reforzando principalmente el gasto interno: en la documentación disponible del segundo trimestre de 2024, la mayor parte de los recursos se cargó a Gastos en Personal, con pagos por “sueldos y sobresueldos” a funcionarios a contrata y honorarios que superan los $607 millones, además de montos informados sin glosa detallada.

Desde Subdere, indican que la figura de “sobresueldos” no existiría en la norma jurídica, lo cual despierta dudas respecto del uso de los fondos y las limitaciones legales de este. Actualmente la comuna es liderada por el alcalde Mauro Tamayo (PC), quien ya había enfrentado cuestionamientos tras un reportaje de T13 que expuso denuncias de funcionarios—algunos con una trayectoria de más de 30 años, como el Director de Administración y Finanzas, que debió ser reincorporado— por presuntas irregularidades en la gestión.

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— Contraloría (@Contraloriacl) April 2, 2025

Aunque el alcalde desmintió esas acusaciones, la Contraloría mantiene una revisión en curso. Tras consultar al gabinete municipal sobre los gastos, negaron la posibilidad de entrevistar por “motivos de agenda”.

Compras puntuales, trazabilidad en veremos

Los informes del Fondo Puente muestran un patrón transversal: aunque cada comuna enfrenta urgencias distintas, parte importante de los recursos destinados a mejorar espacios públicos o apoyar a las comunidades terminó utilizándose en gastos internos, compras puntuales o transferencias que no guardan mayor vínculo con las necesidades locales.

San Ramón presenta un caso especialmente llamativo. Solo en octubre, el cuidado de áreas verdes costó $100,5 millones y la gestión de residuos $89,2 millones, cifras muy superiores a los $32,5 millones pagados en meses previos por el mismo servicio. En total, más de $350 millones se dirigieron a estas labores. Desde el municipio, Robbi Abud —director de Administración y Finanzas— sostiene que “la conservación de áreas verdes es parte de la recuperación de los espacios públicos y, con eso, de la seguridad barrial”, y afirma que las diferencias responden al costo real de cada factura, no a gastos acumulados.

Parque La Bandera de la comuna de San Ramón. Foto: Mariana Araya

Más al norte, Conchalí concentró todo el Fondo Puente en una única adquisición: ocho camiones tres cuartos por $208,7 millones. Los recursos destinados a bienes, servicios e inversión quedaron sin ejecución y no se impulsó ningún proyecto comunitario con estos fondos.

En La Cisterna, las rendiciones no estuvieron disponibles públicamente y solo se conocieron vía Transparencia. Los documentos muestran gastos acotados: $23,2 millones en tres tablets y treinta computadores, y $10 millones en un furgón Chevrolet para la Dirección de Prevención del Delito. En los trimestres siguientes, la mayor parte del fondo se orientó a servicios básicos —principalmente electricidad, que sumó $194,9 millones—, además de insumos, arriendos y servicios de impresión para talleres comunitarios. Entre las adquisiciones relevantes figura una retroexcavadora por $63,6 millones, que el alcalde Joel Olmos (IND) describe como una compra clave: “sin estos fondos no habríamos podido, por ejemplo, comprar la retroexcavadora”.

Si bien se tuvo acceso a la información luego de ser solicitada vía Ley de Transparencia, la ciudadanía aún no la puede encontrar en la plataforma establecida para ello.

Del desierto al Diario Oficial

La Ley 21.591 Sobre Royalty a la Minería nació como una moción empujada desde el norte minero —con el senador Esteban Velásquez (FRVS) entre sus autores— para que una parte del negocio del cobre retornara a los territorios. El proyecto ingresó al Congreso como Boletín 12.093-08 y avanzó entre audiencias y comisiones que discutían cuánto, cómo y a quién gravar.

Ilustración: Constanza Cornejo Marín / Diseño UC.

En la sala, la balanza se inclinó con holgura. El Senado aprobó la iniciativa con un respaldo político transversal. Solo el Partido Republicano votó en contra, mientras que la UDI marcó una abstención. Desde la vereda opositora, el entonces senador republicano Rojo Edwards endureció el tono y alegó un vicio de origen durante la discusión parlamentaria: “Este proyecto de ley se inicia en moción sin el patrocinio del Gobierno (…), se hizo todo un trámite absolutamente inconstitucional”. Si bien el senador intentó frenar el acuerdo, este siguió adelante de forma exitosa.

La ley no solo subió la vara tributaria para la gran minería, sino que abrió el canal para que parte de esos recursos llegara a todas las regiones del país, específicamente a los municipios que más los necesitan. Este objetivo fue complementado con mecanismos presupuestarios y reglamentos para acelerar la llegada del dinero a los territorios durante 2024, mientras el sistema se aceitaba.

Para Velásquez esta primera etapa de implementación ha sido un proceso de aprendizaje positivo: “Se ha despejado cualquier manto de duda o campaña del terror que sufrimos durante la tramitación de la ley, la inversión no se fugó a otros países, por el contrario, la cartera de proyectos sólo ha crecido en este tiempo”.

Por su parte, el presidente del Consejo Minero (CM), Joaquín Villarino, señaló a Teletrece Radio que si bien el crecimiento ha sido menor al esperado, “hemos tenido, sin embargo, acuerdos en torno a algunas materias que son dignas de reconocerse, como fue la reforma de pensiones y el Royalty para el sector minero, que yo creo que destrabó las inversiones y dio un buen impulso a una cartera de inversiones que hoy día tiene proyectos por más de US$80 mil millones por desarrollarse”.

Ese puente operativo y sus condiciones de trazabilidad es el que hoy permite seguir el rastro del gasto de estos dineros en cada una de las comunas. Sin embargo, Velásquez hace énfasis en que han surgido varios desafíos respecto al uso de recursos, la toma de decisiones dentro de los municipios, su fiscalización y publicidad.

En tanto, a raíz de una circular de la Contraloría que detectó casos en que municipalidades ejecutaron más recursos públicos en celebraciones que en asistencia social a personas naturales durante los años 2024 y 2025, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) propuso la suspensión del traspaso de fondos del Royalty Minero a los municipios.

El diputado gremialista representante de Coquimbo señaló que los recursos se deberían destinar a “fortalecer las ayudas sociales que implementó el Gobierno ante el alza de los combustibles y el aumento del costo de la vida”.

Por su parte, el diputado Cristian Mella (DC) calificó la propuesta como “un despropósito” y planteó que lo necesario es “mayor fiscalización, saber en qué se está gastando, y si estos gastos van acorde a los presupuestos municipales”. Además agregó que “por algo hay un Concejo Municipal que está monitoreando y creo que ellos también tienen que hacer su labor”.

Lo que se vio (y lo que faltó ver)

El primer corte del Consejo para la Transparencia (CPLT) sobre los Fondos Puente dejó una foto incómoda: más del 60% de las municipalidades beneficiadas a nivel nacional no publicó en sus sitios de Transparencia Activa cómo gastó el Royalty.

Ilustración: Constanza Cornejo Marín / Diseño UC.

La presidenta del CPLT, Natalia González, es directa: “No podemos retroceder en transparencia; se trata de cuantiosas sumas de dineros públicos y la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastan”. Para el organismo, la obligación de publicar trimestralmente —con documentos y desagregación mínima— debe reponerse y estandarizarse para que la información sea comparable entre comunas.

A la par, la Contraloría elaboró un informe consolidado nacional que agrega otra capa de control: con datos de Subdere a septiembre de 2024, solo 164 de 307 municipios (53,4%) informaron el uso de fondos, mientras que 240 (78%) no reportaron la apertura de una cuenta corriente exclusiva exigida para separar estos recursos del resto del presupuesto.

Infografía: Consolidado de Información Circularizada (CIC) sobre el Royalty Minero / Contraloría General de la República.

La Subdere, por su parte, emitió reportes trimestrales recordando que la información es reportada por los propios municipios en la plataforma habilitada y que pueden existir errores de imputación que luego deben ser subsanados. A octubre de 2024 y enero de 2025, los informes actualizaron coberturas y ejecución, pero sin cerrar las brechas de publicación que observó el CPLT.

Con ese cuadro, el debate pasó del plano técnico al legislativo. Ingresó al Congreso la moción de los senadores Esteban Velásquez (FVRS) y Alejandra Sepúlveda (FRVS), que busca modificar la Ley de Rentas Municipales “con el objeto de fomentar la transparencia en el uso de los recursos provenientes del denominado Royalty Minero”. En específico, el nuevo proyecto busca que la información que deben rendir las municipalidades a la Subdere, también sea enviada a la Contraloría.

En esa línea, Velásquez hace énfasis en el cuidado de este sistema de recaudación y que el uso de estos fondos tenga un efecto tangible dentro de la comunidad: “Espero que exista una rendición detallada, la ciudadanía tiene el derecho a saber cómo se toman las decisiones en cuanto a la destinación, uso y fiscalización de estos recursos, las autoridades deben rendir cuentas adecuadamente”.

Para el economista del Instituto Libertad, Pablo Pérez, el problema no es el monto, sino la falta de estándares: “Cada municipio rinde como puede o quiere y eso hace imposible comparar”. Agrega que “mientras no exista un formato único que detalle qué se gastó, cómo y por qué, la Subdere no puede fiscalizar en tiempo real y la Contraloría llega cuando el dinero ya se usó”.

El desafío no es financiero, sino operativo: ordenar la información, homogeneizar las rendiciones y asegurar que cada peso pueda ser rastreado desde su asignación hasta su impacto.

*Este reportaje fue realizado por Mariana Araya Labarca en la sección del profesor Boris Bezama del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.