El pasado 4 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó una petición al gobierno de Nicolás Maduro de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policia Nacional, con el fin de prevenir las ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo a la agencia EFE, en el informe se exigió la disolución del organismo policial y que se establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, que tenga el apoyo de la comunidad internacional. Esto con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido últimamente en el país con el fin que los responsables rindan cuentas y las víctimas sean reparadas.
Sin embargo, según manifiesta la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el gobierno no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la solicitud ya que incluso ha aumentado su apoyo a las FAES.
Víctimas
Por otra parte, la actualización de la ONG Monitor de víctimas identificó 57 casos nuevos de ejecuciones cometidas solo en la ciudad de Caracas en julio pasado.
“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, recalcó Bachelet.
El Ministerio Público de Venezuela le ha comunicado a la alta comisionada que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, han sido condenados 104 miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos. No obstante, todavía está a la espera de los detalles sobre el tipo de violación, la institución responsable del crimen y la identidad de las víctimas.
En esta misma línea, Bachelet dijo que las condiciones de detención no cumplían con los requerimientos internacionales y por ello las personas detenidas seguían sin la atención médica adecuada, respecto a lo que destacó la urgencia de dar acceso médico a las víctimas y comenzar la investigación de las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, la violencia y presencia militar también ha estado presente en territorio del pueblo indígena Pemón, el cual ha sufrido desplazamiento forzado con el fin de facilitar la extracción minera de la zona y, por otra parte, está expuesto a ser otro pueblo víctima de la Guardia Nacional Bolivariana, institución acusada de asesinar indígenas del sector.
Crisis económica
Michelle Bachelet aseguró que “la situación económica y social de Venezuela sigue deteriorándose rápidamente”. Principalmente porque se ha agudizado la crisis inflacionaria dentro de la región por otra parte, reiteró que el sueldo mínimo es equivalente a dos dólares, cinco dólares menos que en junio, lo que ha generado que la economía se base en el dólar.
También mostró preocupación sobre el impacto negativo que han tenido las sanciones estadounidenses sobre el régimen en los programas sociales.
Deja tu comentario