El fallo, que ya es definitivo, afirma la existencia de una compleja “maquinaria de corrupción” articulada durante sus gobiernos, con un rol central de la exmandataria y un vínculo directo con el empresario Lázaro Báez, beneficiado con 51 contratos de obra pública vial en Santa Cruz.
Este martes, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó de manera unánime la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa conocida como “Vialidad”.
Con esta resolución, el máximo tribunal dejó firme también su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, marcando un punto de quiebre histórico en la política argentina.
Según consignó El Clarín, el fallo, considerado definitivo, sostiene que existió una “maquinaria de corrupción” durante sus mandatos, articulada a través del direccionamiento sistemático de contratos de obra pública vial en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, con quien la justicia determinó que Kirchner mantenía “lazos promiscuos y corruptos”.
Entre 2003 y 2015, 51 licitaciones habrían sido manipuladas para beneficiar a diversas empresas del grupo de Báez, bajo un esquema de privilegios financieros, falta de controles y una planificación estatal orientada al lucro privado.
Según los jueces de la Cámara de Casación, la expresidenta tuvo un “rol central y superlativo” en el entramado, al autorizar decretos y modificaciones normativas que facilitaron el desvío de fondos públicos.
El fallo también detalla que hubo una “ficta legalidad” en las decisiones administrativas para asegurar beneficios ilegítimos, y califica el caso como uno de los “hechos de corrupción más graves de la historia del país”.
El análisis judicial refutó el argumento de Fernández de Kirchner sobre la responsabilidad del jefe de Gabinete en la administración general del país, al considerar que las pruebas “acreditan su responsabilidad penal” directa.
Los jueces también recordaron las alertas jurídicas ignoradas al firmar el decreto 54/2009, las denuncias de cartelización y los mensajes de WhatsApp entre el entonces secretario de Obras Públicas José López y Báez, en los que se coordinaba el llamado “Plan limpiar todo”, una maniobra para borrar rastros en el final de su segundo mandato.
El tribunal fue contundente: “Los imputados tomaron y gestionaron el Estado como si fuera propio”, y apuntó a que el móvil del delito fue el beneficio personal no solo de Báez, sino también de la exmandataria, al vincular parte del dinero público desviado con empresas de su entorno familiar.
El fallo llega en un contexto político delicado. A sus 72 años, Cristina Fernández no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones del próximo 7 de septiembre.
Aunque por su edad podría solicitar prisión domiciliaria, esa decisión dependerá del tribunal de ejecución penal que deberá oficializar el cómputo de la pena.
La expresidenta, por su parte, denunció que la sentencia no es más que una maniobra orquestada por “el poder económico concentrado” de la República Argentina.
En contraste, el presidente Javier Milei celebró el fallo con un mensaje en redes sociales: “Justicia. Fin”, y añadió: “La República funciona”.
Con este pronunciamiento de la Corte Suprema —que opera actualmente con tres miembros—, el caso entra en su etapa final de ejecución. La resolución pone fin al último recurso legal de Fernández de Kirchner y marca un capítulo sin precedentes para una figura que dominó la política argentina durante más de una década.
El máximo tribunal resolvió que dejar WhatsApp Web abierto en un computador compartido equivale a permitir tácitamente el acceso de terceros. El fallo generó debate sobre privacidad digital en el entorno laboral.
