El anuncio está hecho y se conocerá su contenido en unas horas. Se trata de la agenda “anti abusos” que el Presidente de la República va a dar a conocer. Ya se sabe algunas posibles medidas, como aumentar las penas para los casos de colusión de bienes esenciales.
¿Por qué hay tanta expectación? Porque en medio de un estallido social, que en su clamor más profundo apela a la desigualdad, esta se manifiesta en lo dispar que es el acceso a salud, educación, pensiones indignas, pero también a las profundas diferencias en otros ámbitos como por ejemplo la justicia.
Al día de hoy usar información privilegiada parte en la misma pena que tiene robarse un chocolate: 61 días. Pero no es sólo eso, es también que incluso cuando se han hecho avances después, por ejemplo, de los casos de financiamiento ilegal de la política, hay modificaciones que fueron insuficientes y reforzaron la sensación de privilegio. Por ejemplo que se determinara que los delitos electorales prescribieran a los 2 años y no a los 5 como para el normal de las infracciones a la ley. O que hasta el día de hoy se necesite de acción previa del Servel, el SII, aduanas o la Fiscalía Nacional Económica para que el Ministerio Público pueda actuar.
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El resultado está a la vista: desde que se modificó la legislación que restableció la colusión como delito no hay ninguna acción penal emprendida.
Desde el momento en que buena parte de la clase política se vio afectada por
el caso SQM y otros, se paralizaron las querellas del SII y con ello las
investigaciones.
No ver nunca más que un joven que piratea un CD termina quemado en la cárcel de San Miguel y quienes evaden impuestos pagan una multa y asisten a una clase de ética, es la esperanza de muchos.
Las expectativas son altas y tendremos que esperar para ver si se satisfacen. Hablamos de un tema clave, porque que la justicia y la ley no sean parejas ni igual de dura para todos, es algo que debe cambiar ya.
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