Después se quejan, dicen que no entienden por qué están desprestigiados. Pero, enfrentados a la petición de la Fiscalía, de ciudadanos, de organismos, no quieren revelar sus asesorías más antiguas. Sólo del 2018 para adelante cuando ya, al parecer, se regularizaron.
El Ministerio Público pidió los informes desde el 2012 a 2016 a diputados y senadores. Los primeros cumplieron, la Cámara Alta, no. Ante la presión pública se comprometieron a hacer el gran gesto de publicar sólo a partir de 2015. Pero los senadores que ya estaban en el anterior Parlamento no honraron su palabra.
A estas alturas, gracias a Chile Transparente sabemos que en promedio sólo se ha dado a conocer el 12% de los informes de entre 2015 y 2016. Desde RN que tiene el más alto cumplimiento con un 24%, hasta la DC que sólo ha dado a conocer el 2,6%.
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¿Hay razones para desconfiar? Sí. Una sola de ellas es el copy paste del asesor del senador Guillier. ¿Tienen razones para negarse a revelar los informes? No. La ley sólo lo permite cuando se trata de material secreto (no es el caso) o por razones de seguridad nacional y resulta difícil ver el riesgo para Chile de esto.
Lo único que se arriesga es que siga cayendo el rechazo al Parlamento. Lo único que se revela, es que en el Senado, lugar donde se hacen las leyes, varios no dan el ejemplo de cumplirla.
Porque hay una Ley de Transparencia y no hacen caso. Hay una ley que faculta al Ministerio Público para exigir información a todos los órganos públicos ¿y los senadores? Como si nada.
Parece un mal chiste. ¿Cuál es el colmo de un legislador? Hacer leyes que rijan para todos, pero no para ellos.
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