Nuevamente una Isapre llevada a la Justicia. Y esta vez obligada por la Corte de Apelaciones a entregar un medicamento clave para una niña con cáncer.
Trasplantada de médula ósea, su oncóloga prescribió un medicamente y la aseguradora no quiso financiarlo. Ahora deben reembolsárselo a su familia que a duras penas lo pagó.
Sabemos los costos altísimos de estos tratamientos y de lo vitales que son, por ejemplo, para alguien como esta pequeña con leucemia. Sabemos que muchos quedan en la ruina y que otros tantos no pueden pagarlos.
Aquí no se estaba discutiendo si se tenía acceso a mejor “hotelería” en una clínica o cuántas y qué tipo de terapias se iban a cubrir. Aquí estaba en juego la vida de una persona.
Otro caso, pero del sistema público de Concepción. La Corte Suprema obligó al Servicio de Salud a entregar un medicamento a un menor de poco más de un año de vida con atrofia muscular, enfermedad que le puede impedir hasta respirar. Sí, son 500 millones, no los tenían alegó el servicio. Pero la Suprema fue categórica: prima el derecho a la vida.
Es que además son menores de edad. Que no saben de planes, ni de coberturas, ni de presupuestos. Que cómo podrían ser ellos responsables en una sociedad que los deja así de desprotegidos.
Un poquito de humanidad. Que el sistema público entienda que no hay presupuesto que pueda obligar a una familia a dejar morir a su hijo. Que en el otro caso, ojalá no se les ocurra a los directivos de la Isapre acudir ahora a la Corte Suprema.
Porque sus padres deben estar preocupados de cuidarlos en los hospitales, no de defenderlos en tribunales. Porque no puede ser que hasta la vida de una persona dependa del tamaño de la billetera… de sus padres.
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