El acuerdo fue catalogado como "histórico" por parte del Estado.
Contenido fue recogido en los cabildos nacionales e indígenas.
El proyecto de ley estuvo suspendido desde el 2007, formulado bajo el gobierno de Bachelet.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.