Sernac comienza fiscalización de centros termales a nivel nacional: Se verificará funcionamiento de servicios ofrecidos

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) comenzó una fiscalización sobre los centros termales a nivel nacional.

La iniciativa, que busca verificar el cumplimiento de la Ley del Consumidor, comenzó en las regiones de la Araucanía y Los Ríos. Durante los próximos meses se extenderá a las demás zonas del país.

De ese modo, el objetivo es constatar, entre otros aspectos, si este tipo de locales “entregan información relevante del servicio ofrecido, por ejemplo, si publican los precios de acceso y de los servicios adicionales en caso de existir, como, por ejemplo, arriendo de toallas y gorros”.

También se está revisando si los centros termales:

• Indican correctamente las recomendaciones para el uso seguro de las instalaciones.
• Cuentan con señalización de las vías de evacuación y salidas de emergencia.
• Tienen procedimientos o protocolos de seguridad formalizados y por escrito para accionar de manera expedita ante accidentes que pudiesen afectar a los consumidores.
• Asimismo, se están analizando las condiciones generales de seguridad de los establecimientos y de las zonas de tránsito común, prestando especial atención a la presencia de pisos antideslizantes o huellas de tránsito seguro en los bordes de las piscinas y en el área de camarines.

Respecto al uso de piscinas, el ente fiscalizador monitoreará que se informe de manera adecuada sobre:

• La profundidad máxima.
• La presencia de personal salvavidas.
• Las advertencias correspondientes en caso de no existir este tipo de funcionarios.

El Servicio, además, llamó a los proveedores del rubro a “implementar mejoras y ajustes para el cumplimiento de la Ley del Consumidor, y en específico, para reducir los riesgos en la prestación de este tipo de servicios”.

En caso de detectar incumplimientos a la normativa, el Sernac podría oficiar a los locales para incorporar los ajustes detectados.

Si se identifican infracciones muy graves, se pueden presentar denuncias ante los tribunales de justicia, arriesgando multas de hasta 300 UTM por cada infracción. Y si hay incumplimientos que afecten la salud o seguridad de las personas, la sanción podría alcanzar las 2.250 UTM.