La mañana de este martes se conoció de la muerte del juez federal argentino Claudio Bonadio, quien había llevado adelante las principales causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El magistrado tenía un tumor cerebral que lo llevó a someterse a una cirugía en mayo de 2019 y murió en su casa de Buenos Aires a los 64 años.
Bonadio tenía a su cargo las principales causas de corrupción contra el gobierno de la ex presidenta Kirchner, entre ellas la llamada causa de los cuadernos, los expedientes Hotesur y Los Sauces, así como el Memorándum con Irán.
De hecho, durante los últimos meses, el magistrado había elevado a juicio oral y público el expediente principal de los cuadernos y otras causas conexas contra Fernández de Kirchner. Además, el magistrado y la ex presidenta de Argentina sostenían un enfrentamiento público relevado en distintos medios locales e internacionales.
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Extradición de Apablaza
Dentro de su trayectoria también se encuentra un caso vinculado directamente con Chile.
En 2005 se inició un largo camino impulsado por el gobierno chileno para lograr que Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), retorne y sea juzgado en el país, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
El ex frentista escapó en 1993 a Argentina, donde fue detenido en 2004 tras vivir con otra identidad.
La Cancillería chilena pidió su extradición en el mes de enero, pero el 4 de julio de ese mismo año la petición fue rechazada por Bonadio.
Entre los fundamentos que esgrimió el juez fue que en Chile no estaban dadas todas las garantías para un debido proceso, además de que, a su juicio, no estaba suficientemente acreditada su culpabilidad en los crímenes que se le imputan.
Apablaza llevaba siete meses recluido en la Cárcel de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de Buenos Aires y, tras la resolución del magistrado, se le concedió la libertad bajo fianza y expresa prohibición de abandonar Moreno, la localidad en que residía.
El caso no terminó ahí y escaló a los tribunales de alzada. En 2010, la Corte Suprema argentina aprobó la extradición el 14 de septiembre, sin embargo, al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de ese país le concedió la condición de refugiado político.
Esto último, de acuerdo a la legislación argentina, frena cualquier procedimiento de extradición, razón por la que luego Bonadio finalizó el proceso y dispuso “el levantamiento de todas las restricciones personales y patrimoniales” dispuestas sobre Apablaza.
Siete años más tarde, el 5 de diciembre de 2017, el Estado argentino -entonces encabezado por Mauricio Macri- resolvió quitarle el beneficio al ex frentista. Tras esa decisión, el juez chileno Mario Carroza emitió una orden de captura internacional en su contra.
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