Este miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional (CAIN), contra la intendenta metropolitana Karla Rubilar.
El estudiante presentó la acción judicial luego de que la autoridad interpusiera una querella en su contra por el delito de “amenazas a la autoridad”, y que también fue rechazada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Rubilar anunció que apelará ante la determinación.
La situación se originó luego de que el adolescente publicara una encuesta en su cuenta de Instagram, en la que preguntaba a sus seguidores por ideas para el movimiento de estudiantes en el regreso de las vacaciones de invierno, y una de las respuestas que recibió fue la de “matar a Alessandri” (en referencia al alcalde de Santiago), que fue compartida por él.
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Sin embargo, la Corte de Apelaciones determinó que el recurso presentado por Pérez “no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, pues no es la vía idónea al efecto, desde que, en la especie, se le imputa a la parte recurrida la comisión de un delito –calumnia-, asunto que debe ser conocida por el tribunal competente“.
El dictamen agrega que el recurso de protección tiene como propósito “restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”, lo que señala que no ocurre en este caso.
Pérez había acusado una serie de vulneraciones por parte de Rubilar, entre ellas, hacia sus derechos a la integridad física y psíquica, a la honra y protección de datos personales, y transgresiones a la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados que han sido ratificados por Chile.
Por eso, solicitó las disculpas públicas de parte de la autoridad, dejar sin efecto sus reclamos y que Rubilar elimine los tweets en los que denunció las supuestas amenazas del estudiante.
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Además, había pedido que se le ordenara a la jefa regional una capacitación en temas de derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a derechos de niñas, niños y adolescentes, y libertad de expresión y privacidad en redes sociales.
Este último punto también fue abordado en la sentencia del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que criticó la “exposición pública indebida” sufrida por Pérez y ofició a la Defensoría de la Niñez para que tome conocimiento de la causa y adopte las medidas respectivas.
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