El Tribunal Constitucional (TC) deberá revisar un nuevo caso de una mujer que busca retirar sus ahorros de su AFP, que se opuso a la iniciativa, y definir si es que efectivamente dicha negativa constituye una vulneración al derecho a la propiedad.
La acción fue presentada por Beatriz Valenzuela, una mujer de Punta Arenas, enfermera, quien ha trabajado por más de 40 años y se sumó a la estrategia de la Coordinadora No+AFP.
La mujer ya cumplió la edad legal para poder jubilarse, sin embargo, al solicitar una simulación para ver cuánto dinero recibirá se encontró con que la cifra será de $200 mil, monto bastante inferior al sueldo actual que recibe, de poco más de un millón de pesos.
De este modo, Valenzuela acudió hasta la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y busca que AFP Hábitat le devuelva la totalidad de su dinero y ser ella quién lo administre. “Eso no me alcanza para vivir, por eso pedí que me devuelvan mis fondos y que yo vea cómo los invierto”, explicó.
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El tribunal de alzada elevó un requerimiento de inaplicabilidad al TC para que se pueda dilucidar adecuadamente que hacer con el caso en cuestión.
En específico, el TC deberá determinar si es “aplicable” o no el decreto Ley 3.500 que estableció el actual sistema de AFP y si es que, efectivamente, su aplicación transgrede el derecho a la propiedad.
No existe un plazo establecido para que el organismo se haga presente en este caso, que se suma al de una profesora de Antofagasta quien también busca retirar sus fondos previsionales. La mujer también acudió a la Corte de Apelaciones de su ciudad, que redireccionó el asunto al TC y que lo acogió a trámite.
En total son 20 recursos los que han sido presentados a distintas cortes de apelaciones del país por afiliados que buscan que se les devuelvan sus ahorros previsionales y que argumentan una vulneración al “derecho de propiedad”, pero sólo los dos anteriores han sido acogidos por los tribunales de alzada.
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