Luego de dos sesiones de análisis, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que exime de trámites y reduce los plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos recintos penales.
La iniciativa pasó a segundo trámite constitucional en el Senado y establece que la norma se podrá aplicar a aquellos establecimientos que el presidente “determine mediante un decreto supremo debidamente fundado”.
Asimismo, se indica que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) será el encargado de priorizar los trámites necesarios para la ejecución de los proyectos y que la adjudicación de los contratos de concesión se hará a través de un decreto supremo fundado en la cartera.
Este se dictará bajo la fórmula “por orden del presidente de la República” y deberá llevar la firma del ministro/a de Hacienda.
El MOP también determinará medidas de mitigación y compensación para la zona donde se emplace el penal, fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
¿Cuáles serían los plazos?
De acuerdo a lo informado por la Cámara Baja, el Ministerio de Desarrollo Social será el encargado de dar prioridad a los informes de evaluación técnica y económica en materia de rentabilidad social.
Esto será acorde a lo que exige la Ley de Concesiones de Obras Públicas para el desarrollo de este tipo de proyectos.
De ese modo, se determinó un plazo máximo de 30 días hábiles, que serán contados desde el ingreso de los antecedentes a la repartición.
En tanto, los proyectos de alteración, ampliación o modificación de cárceles estarán exentos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Mientras que “para los nuevos centros que deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se reducirán a la mitad los plazos establecidos”.
También se agrega que “transcurridos dichos plazos legales, se prescindirá de la resolución de calificación ambiental, entendiéndose aprobado el proyecto. Esto, en los términos propuestos en la declaración o estudio de impacto ambiental y sus respectivas adendas, si existiesen”.
Así, la iniciativa indica que el Ministerio de Justicia deberá informar en forma trimestral al Congreso sobre el estado de avance, ejecución y plazos de los proyectos relacionados con la ley.
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