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Una investigación del medio Ciper reveló que, del total de personas en prisión preventiva por actos relacionados a las manifestaciones sociales de octubre de 2019, en el contexto conocido como “estallido social”, dos tercios no posee antecedentes penales previos a su detención.
En detalle, se contabilizaron 76 personas en total, de las cuales 28 fueron condenadas y 47 están en prisión preventiva. De estas, 34 no tienen condenas previas, de acuerdo a datos de la Fiscalía, la Defensoría, el Poder Judicial y abogados del proceso.
El medio destacó que una de las razones por las cuales se mantiene en prisión preventiva a los detenidos, a pesar de no contar con antecedentes, es debido a las modificaciones legales a los delitos por los cuales están imputados.
Específicamente, se invocó la Ley de control de armas, Ley antisaqueos y Ley de seguridad interior del Estado, que aumentan las penas u obligan a que una eventual condena se cumpla bajo una pena sustitutiva.
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De hecho, de quienes se encuentran en prisión preventiva, 29 están procesados por la Ley de control de armas, especialmente por confección o lanzamiento de bombas molotov.
Seis de los casos investigados fueron argumentados por los defensores aludiendo a que sus representados no contaban con condenas anteriores, sin que esto lograra ser discutido por Fiscalía.
La Ley de control de armas fue reformada por una moción de parlamentarios de derecha durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, siendo aprobada con algunos votos de la Nueva Mayoría.
El citado medio recordó lo que Bachelet sostuvo al respecto en 2015, afirmando que “con esta nueva norma lo que estamos haciendo es endurecer las penas por el uso irresponsable e inadecuado de las armas, porque la verdad es que no queremos lamentar más tragedias“.
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