Un funcionario informático de la Municipalidad de Huechuraba fue detenido luego de que la Policía de Investigaciones encontrara 113 archivos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en uno de los computadores municipales que utilizaba para trabajar.
La indagatoria se inició a partir de una denuncia presentada por el propio municipio, después de que varias funcionarias acusaran que el trabajador habría ingresado sin autorización a archivos privados almacenados en sus equipos.
El imputado, un hombre chileno de 36 años y sin antecedentes penales, fue arrestado por detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana.
Denuncias por sustracción de archivos personales
Según informó la PDI, el funcionario aprovechaba sus labores de soporte técnico, como reparaciones, actualizaciones y mantenciones, para acceder a los computadores municipales y extraer archivos personales.
Las diligencias permitieron incautar el equipo que utilizaba en dependencias del municipio. Durante su revisión, los detectives encontraron archivos pertenecientes a las trabajadoras y 113 imágenes correspondientes a material de explotación sexual infantil.
El comisario Alan Constela explicó que también se logró vincular el correo electrónico del imputado con la descarga de este tipo de contenido en al menos dos oportunidades.
Con estos antecedentes, la Fiscalía Centro Norte obtuvo órdenes de detención y de entrada y registro para el domicilio del trabajador.
Durante el allanamiento, la policía incautó tres teléfonos celulares, un computador portátil, un computador de escritorio y siete discos duros.
Los dispositivos fueron enviados al Departamento Forense Digital de la Brigada del Cibercrimen para determinar si contienen más archivos ilícitos o antecedentes relacionados con el acceso no autorizado a los equipos de las funcionarias.
El Ministerio Público formalizó al detenido por el delito de adquisición y almacenamiento de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó en su contra las medidas cautelares de prohibición de salir del país y firma periódica ante Carabineros.
Además, el tribunal estableció un plazo de investigación de 200 días, periodo en que la Fiscalía buscará establecer el alcance de los hechos y si existía más contenido almacenado en los equipos incautados.
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