El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refirió sobre los cuestionamientos que causó la decisión del tribunal de dejar en libertad a 43 de los 44 presuntos integrantes de la “Primera Línea” que fueron detenidos por Carabineros en una manifestación el pasado martes.
Al respecto, la autoridad señaló en entrevista con Tele 13 Radio que “el formar parte de la ‘primera línea’ no es un delito. Si los integrantes de la primera línea roban, saquean, destruyen, esos hechos sí son constitutivos de delito”.
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“Pero, desgraciadamente, el robo en lugar no habitado, los daños, son delitos con penas muy bajas. Por lo tanto la prisión preventiva está contemplada para delitos más graves, para crímenes o para gente con muy malos antecedentes. Sería absurdo dejarlos detenidos, pero los jueces tenemos que aplicar las leyes”, agregó.
Consultado sobre los derechos y el resguardo del orden público, Silva indicó que “en estos momentos actuales no ha habido una violación sistemática de derechos humanos. Todos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente. la intención de las personas que se quieren manifestar seguramente es esa”.
En la misma línea planteó que “la intención de la policía cuando sale a custodiar estas manifestaciones no creo que sea hacer un uso indebido de la fuerza. Pero los hechos los superan, a ambas partes”.
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Sobre la continuidad de las movilizaciones, la máxima autoridad de la Corte Suprema sustuvo que “el Poder Judicial ya está trabajando al límite. Los jueces penales en estos momentos están trabajando al límite”.
“Nos gustaría que se solucionara el problema, vamos a colaborar, a ayudar en lo que sea posible, pero la responsabilidad de solución del problema recae en otro tipo de autoridades, en la autoridad política del país. En el Poder Judicial a veces a nosotros nos cansa solucionar problemas ajenos a nosotros”, puntualizó.
Ante la decisión de los jueces de dejar en libertad a 43 de los 44 detenidos por incidentes en Plaza Baquedano, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, informó que apelará dicha resolución judicial.
El esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas. Apelaremos esta decisión y seguiremos trabajando para recuperar el orden público. https://t.co/XF5DpkIgtR
— Gonzalo Blumel (@gblumel) March 5, 2020
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