El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, fue enfático este jueves al referirse a la polémica liberación del sicario Alberto Mejía y la posible imputación de la suspendida jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez.
Según dijo, cualquier funcionario del Poder Judicial o de Gendarmería que tenga algún grado de responsabilidad en lo ocurrido deberá enfrentar las consecuencias, ya sean administrativas o penales.
“No hay espacio para defensas corporativas, en este caso”, subrayó la autoridad, destacando que lo fundamental es garantizar transparencia y responsabilidad institucional ante la ciudadanía.
Contexto: Una decisión bajo la lupa
Las declaraciones del ministro se dan luego de que se revelara que la jueza Irene Rodríguez, estaría siendo formalmente imputada por el delito de prevaricación culposa.
Según la Fiscalía, la magistrada habría actuado con “negligencia” al ordenar la liberación de Mejía, uno de los principales imputados por el crimen del comerciante conocido como el “Rey de Meiggs”.
De acuerdo con antecedentes recogidos por el Ministerio Público, Rodríguez habría ignorado elementos clave del caso y firmado una resolución sin cumplir los estándares legales requeridos, lo que derivó en la excarcelación del imputado desde el penal Santiago 1.
La jueza fue suspendida de sus funciones el pasado 26 de julio, mientras avanza tanto el proceso penal como un sumario disciplinario.
La postura del Gobierno
Para el ministro Gajardo, lo relevante es que la institucionalidad dé señales claras frente a situaciones de este tipo.
“Lo que necesita la ciudadanía es saber que se investigará a fondo, se determinarán responsabilidades y se actuará con firmeza”, indicó.
En cuanto a la investigación interna en Gendarmería, Gajardo aseguró que el proceso sigue su curso y que, hasta ahora, no hay funcionarios formalmente imputados.
No obstante, insistió en que se revisarán todos los antecedentes disponibles para definir posibles responsabilidades.
Rodríguez se defiende
Frente a las acusaciones, la jueza Rodríguez ha defendido su actuación, asegurando que no cometió ninguna irregularidad. En una entrevista con 24 Horas, declaró: “Me declaro completamente inocente. No hubo dolo ni corrupción”.
Según su versión, fue Gendarmería quien aplicó erróneamente las instrucciones del tribunal.
Rodríguez también sostuvo que la resolución que anulaba la prisión preventiva de Mejía no debió haber sido enviada a Gendarmería, señalando errores en la comunicación institucional como un factor clave del error.
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