Foto: Agencia Uno

Los concejales maipucinos Ariel Ramos (PC) y Gonzalo Ponce (Partido Ecologista Verde) dieron a conocer que durante los próximos días acudirán nuevamente a Contraloría luego de que se conociera que el municipio repartió kits de útiles escolares con un collage de fotos de la alcaldesa Cathy Barriga.

No es primera vez que ocurre algo así: el organismo contralor ya se pronunció sobre este tema a fines de junio del año pasado, cuando señaló que la Municipalidad de Maipú debía abstenerse de hacer uso excesivo de la imagen de la alcaldesa en sus canales de difusión, como afiches y lienzos de las actividades municipales, en las que usualmente ella aparecía en forma de caricatura.

Sin embargo, lo anterior no fue un impedimento y durante los últimos meses se han conocido nuevos episodios, como el anuncio de una beca -que ya existía- con su nombre, gigantografías con sus fotos en la clínica veterinaria municipal y el mural en que aparece con los próceres de la comuna.

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Por lo anterior, el concejal Ponce explica que en esta ocasión esperan una “sanción ejemplificadora” debido a que “claramente no se respetó su dictamen, por lo tanto, pensamos que es una buena oportunidad para que Contraloría dé un ejemplo a todas las instituciones de que no se pueden pasar a llevar sus pronunciamientos, y si no se toma una acción firme, el mensaje es que no le guarden respeto”.

A nosotros nos parece sumamente grave, creemos que ninguna autoridad del sector público puede estar sobre la ley. Acá Contraloría ya ha definido criterios claros de cómo se tiene que hacer la publicidad del municipio y no corresponde que la alcaldesa siga apareciendo. Creemos que esta es una campaña municipal anticipada, lo importante acá es que con recursos públicos se está aprovechando para hacer una publicidad en términos personales“, agrega Ramos.

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“Intereses personales con recursos públicos”

Barriga ya cuenta con una sanción por parte de Contraloría en octubre pasado, luego de que se difundiera un video en el que realiza el #KikiChallenge en un vehículo municipal y que consistió en un punto de demérito y en el descuento del 10% de su remuneración.

En esa ocasión, y en las antes señaladas, Barriga ha señalado que los requerimientos en Contraloría consisten en una ofensiva por parte de los concejales de oposición.

Sin embargo, en conversación con CNN Chile, la abogada experta en Derecho Público y directora ejecutiva de Espacio Público, María Jaraquemada, calificó la situación como “preocupante”, debido a que “la idea es que los recursos públicos se dirijan a intereses públicos y no los privados de las personas que están ejerciendo el poder en un momento determinado“.

La abogada coincide con los concejales en que con este tipo de acciones se sobreponen los intereses personales y se realiza una especie de campaña por la figura de quien las realiza, en desmedro de la participación que tiene el municipio y el concejo municipal.

“Contraloría también tiene informes de cómo este tipo de cosas son usuales en años electorales, pero acá estamos viendo que esto ocurre antes, y en caso de ser recurrentes, estas situaciones pueden considerarse como una falta a la probidad, porque al final estás poniendo tu interés personal con recursos públicos para hacer proselitismo”, agregó.

Finalmente, la abogada explicó que en caso de que lo anterior sea considerado como una falta a la probidad, “la ley permite solicitar al Tribunal Electoral Regional la destitución, lo que debe ser requerido por un tercio del concejo municipal”.

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