Luego de que el Gobierno anunciara que el presidente Gabriel Boric utilizará sus facultades administrativas para revocar las pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, diversos parlamentarios oficialistas se han manifestado al respecto, cuestionando la decisión y mostrando su descontento.
El diputado del Partido Comunista (PC) Boris Barrera expresó su firme rechazo a la medida, calificándola como una “aberración” que va en contra de los principios y recomendaciones internacionales sobre la reparación por violaciones a los derechos humanos.
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