El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que “el presidente va a ser uso de la facultad administrativa de revocación” de las pensiones de gracia.
“Las decisiones administrativas respecto a las pensiones de gracia pueden ser revocadas por razones de mérito y conveniencia, en la medida que se busque el bien común. Eso no obsta que la persona a la que se le revoque el beneficio pueda concurrir a la justicia, por eso hay que ser muy precisos en las mociones legislativas que se están votando hoy”, indicó.
Pese a que no se conoce la fecha específica en que el presidente hará uso de estas facultades y que por ahora se están fijando los criterios para implementar las revocaciones, Monsalve aseguró que se hará lo antes posible.
Los dichos de la autoridad surgen luego de que el Gobierno anunciara el ingreso de una serie de indicaciones para revocar las pensiones de gracia otorgadas a víctimas de represión durante el estallido social que cuenten con antecedentes penales.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, precisó que estas indicaciones buscarán modificar principalmente dos aspectos del reglamento que regula la entrega de los beneficios.
El primero es “tener a la vista antecedentes penales que antes no se tenían”. Según dijo, “antes se entregaban pensiones sin reparar en los antecedentes, y se exigían otros requisitos”.
El otro punto se vincula a la posibilidad de quitar los beneficios a aquellas personas que cometan delitos, es decir, que pueda ser revocable.
“El Ejecutivo ha llegado al convencimiento de que hay que modernizar la ley, hay que actualizarla aún más a propósito de estos hechos”, sentenció la ministra.
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