En medio del escándalo nacional tras las revelaciones de los Pandora Papers y la conexión del presidente Sebastián Piñera con la compraventa de la recientemente cuestionada minera Dominga, el Ministerio Público está estudiando abrir de oficio una investigación al contrato de la transacción, debido a que no habría sido objeto de indagatoria en la investigación de 2017, con el fin de perseguir un eventual cohecho u otra figura penal que pueda involucrar al jefe de Estado.
Según información consignada por La Tercera, en la revisión del dossier de diligencias que tuvo a la vista el ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en 2017, cuando tramitó el caso Exalmar y la arista que comprometía al proyecto minero, sólo se encontró un preacuerdo en español del contrato de compraventa de las familias de Carlos Délano y el presidente Piñera, que luego se selló en las Islas Vírgenes Británicas.
Cabe destacar que el escándalo de los Pandora Papers en Chile llegó tras la investigación periodística por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), de casi 12 millones de documentos filtrados correspondientes a 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en paraísos fiscales como las Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
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En el país, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) y la fundación LaBot indagaron en la información que ha vinculado a la familia Piñera-Morel y la de su cercano amigo Carlos Délano, quienes sellaron una millonaria compraventa del proyecto Dominga en Islas Vírgenes Británicas en 2010. La novedad revelada consistió en una cláusula del contrato que comprometió el pago de dicha transacción a que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina.
Ahora, pese al cierre y sobreseimiento del caso de 2017, decretado por el juez Guillermo Rodríguez y confirmado por la Corte de Santiago y la Corte Suprema, el expediente judicial que estaba en las bodegas del Ministerio Público vuelve a ser objeto de análisis.
A través de un comunicado, el abogado que representa al presidente Piñera, Juan Domingo Acosta, afirmó que todos los documentos de la operación fueron entregados a la PDI a requerimiento de la Fiscalía. Asimismo, agregó que el contrato de Dominga “efectivamente formó parte de la investigación Exalmar-Dominga” y que “el documento dado a conocer por la ICIJ , es solo la materialización efectiva del negocio acordado formalmente mediante el contrato denominado Acuerdo, de tal forma que la cláusula de saldo de precio es una mera transcripción de la existente en dicho documento“.
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