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Controversia ha generado en el mundo político una investigación que dio a conocer que las familias Piñera y Délano cerraron un acuerdo de compraventa del proyecto Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, en el denominado caso Pandora Papers.

¿De qué se trata, quiénes son los involucrados y por qué está involucrado el mandatario? Conoce aquí las cinco claves:

¿Qué son los Pandora Papers?

Pandora Papers es el nombre de una investigación que lleva a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés), que está basada en la filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades. Estas involucran territorios como las Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

Existen varios medios que están colaborando en el proceso periodístico, entre ellos el Centro de Investigación Periodística (Ciper) y la fundación LaBot (Chile); El País (España); La Nación, El Diario e Infobae (Argentina); Univisión (México), entre otros.

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¿Quiénes aparecen?

La investigación revela la aparición de distintas figuras del aspecto internacional, así como también 330 políticos y funcionarios de varios gobiernos, más de 130 multimillonarios, 46 oligarcas de Rusia y 14 presidentes de Latinoamérica.

Los presidentes Sebastián Piñera, Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominica) destacan entre los mandatarios de la región.

¿Qué es un paraíso fiscal y una sociedad offshore?

Los paraísos fiscales son habitualmente territorios donde inversionistas pueden pagar bajos impuestos, donde pueden tener mayor facilidad para abrir empresas y con confidencialidad en los registros.

Por su parte, una sociedad offshore es una entidad que es creada en un país diferente a donde reside el beneficiario. Tener este tipo de sociedades no es un delito, sin embargo, habitualmente son utilizadas para ocultar o eximir de responsabilidades legales al dueño de los activos.

Son conocidas como empresas fantasmas, opacas o de papel.

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¿Qué pasó con Piñera?

El reportaje publicado por Ciper y LaBot reveló que las familias Piñera y Délano cerraron un acuerdo de compraventa de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, conocidas por ser un paraíso fiscal.

Además, la operación constaba de un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, decisión que dependía directamente del gobierno del presidente Sebastián Piñera.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno y la clase política?

A través de un comunicado, el Gobierno aseguró que ni el presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior. “Toda afirmación contraria a lo recién mencionado no corresponde a la verdad“, resaltaron.

Sin embargo, la situación fue condenada por distintos personeros políticos, entre ellos, los candidatos presidenciales.

Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) manifestó que el presidente Sebastián Piñera “evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común”.

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Por su parte, Marco Enríquez-Ominami instó a la oposición a unirse para pedir la renuncia de Piñera tras la revelación.

“Chile no puede estar en manos de alguien que solamente cuida los negocios familiares y no los intereses de la patria”, manifestó el abanderado presidencial del Partido Progresista.

Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) le solicitó al presidente Piñera explicar “si usó su cargo para obtener beneficios personales”.

“La gravedad de lo publicado hoy obliga al presidente Piñera a explicar al país si usó o no su cargo para sus negocios personales con la Minera Dominga. Chile demanda completa transparencia”, dijo la senadora.

Es inconcebible que un presidente de la República actué en beneficio propio, frenando la protección ambiental en La Higuera por asegurar un ingreso personal. Puedo asegurar que si somos gobierno, la protección de la biodiversidad en la zona será total”, sostuvo.

José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) llamó a determinar responsabilidades en este caso. “Las revelaciones sobre los negocios de la familia del presidente Sebastián Piñera, la propiedad del proyecto Dominga y también las decisiones administrativas que influyeron en su aprobación y los requisitos, son graves y exigen una investigación urgente para poder determinar responsabilidades“.

Kast enfatizó en que se debe “transparentar absolutamente todo, caiga quien caiga“.

El oficialista Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) publicó un breve comentario en su cuenta de Twitter: “La ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias“.

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