“Un show triste en términos políticos”: Jackson respondió a querellas por imprimir propuesta de nueva Constitución

El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, respondió a los cuestionamientos tras la determinación del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de acoger dos querellas por la impresión de ejemplares de la propuesta de nueva Constitución.

La primera acción legal fue presentada por el diputado de Republicanos, Juan Eduardo Irarrázaval, debido a que “no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022”.

Una segunda querella fue presentada por el abogado de RN Marcelo Brunet, quien apuntó al mecanismo de trato directo para el pago de las impresiones, asegurando que “no había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles, ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades”.

“El Ministerio Secretaría General de la Presidencia no tiene como función propia las labores de difusión, lo que excede por largo sus atribuciones”, agregó Brunet.

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Ante esta situación, el secretario Jackson respondió que “nos parece un show triste en términos políticos y constituye una instrumentalización, tanto de tribunales de justicia como del Ministerio Público, con evidentes fines electorales”.

“Quiero recalcar en la irresponsabilidad que esto significa en momentos donde, tanto los tribunales como la Fiscalía, se ven sobrepasados haciendo mucho trabajo para poder perseguir el delito”, dijo el ministro.

La autoridad además afirmó que desde La Moneda facilitarán toda la colaboración necesaria para la investigación del Ministerio Público, enfatizando en que “no hay ningún hecho que haya faltado a la legalidad”.

“Creo que en este caso, además de ignorancia, puede haber mala fe al momento de leer lo que significa no sólo la Ley de Presupuestos, sino el que nosotros tengamos que ejecutar un gasto que mandató la Convención Constitucional”, aseguró.

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El Ministro Jackson agregó también que “puede haber algunos diputados a los que les moleste que la gente pueda leer el texto, pero el Gobierno tiene el deber de seguir difundiendo”.