Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el Acuerdo de Escazú, que consagra derechos como el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
La mencionada aprobación se obtuvo con 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones. En tanto, el gobierno, que decidió impulsar la iniciativa a través de gestiones con los distintos parlamentarios, reaccionó a la aprobación destacando que es el único tratado que protege a los defensores del medio ambiente.
Una de ellas fue la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio, Antonia Urrejola, quien estuvo presente en la Cámara Baja durante la votación. A través de un comunicado oficial, la canciller celebró el avance, señalando que “hoy es un día esperanzador para Chile, pues se avanza en el proceso de adhesión a un acuerdo que hará posible alcanzar pactos ambiciosos para tener una sociedad más justa e inclusiva“.
En detalle, Urrejola sostuvo que “la adhesión al Acuerdo de Escazú redefine nuestros objetivos de política exterior, con un claro foco en el desarrollo sostenible, sustentable e inclusivo, así como en el medio ambiente, las comunidades, las personas y la forma en que ellas interactúan”.
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“Es una muestra de que la protección del medio ambiente y de los derechos humanos es un tema de interés transversal, una política de Estado. Y así debe serlo, así nos lo exigen los tiempos que vivimos“, agregó la ministra.
En junio de 2012, el Acuerdo de Escazú fue impulsado por Chile y Costa Rica en la Conferencia de Rio+20, consagrando además el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, presentando normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales, cautelando las garantías del debido proceso para acceder a instancias judiciales y administrativas.
Con el tiempo ha sido suscrito por 24 países de América Latina y el Caribe, y ratificado por 12 de ellos. Con la votación de hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa pasará a su siguiente trámite legislativo en el Senado, donde deberá ser analizado por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medioambiente, para posteriormente ser votado en la sala.
Desde la cartera de Relaciones Exteriores también han destacado que el acuerdo “fortalece la protección del derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano“.
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