El subsecretario de Justicia, Luis Silva, abordó a través de una declaración pública la polémica por la rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad o crímenes de lesa humanidad.
“Sé que hay mucha indignación por las rebajas de condena conocidas estos días y entiendo el porqué. Se trata de crímenes horribles que involucran no solo a las víctimas, sino a sus familias, y con razón hay miedo, angustia y rabia. Yo aparezco firmando algunos de esos decretos y quiero explicar por qué”, señaló en primer lugar.
En esa línea, aseguró que ni él ni el ministro de Justicia, Fernando Rabat, buscaban que “ninguno de esos criminales saliera de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena”. No obstante, remarcó que el otorgamiento del beneficio “no es una decisión personal ni del ministro ni mía”, al mencionar a los demás organismos que también participan en el proceso para conceder la rebaja de penas.
“Existe un procedimiento en el que intervienen cuatro organismos diferentes: Gendarmería de Chile, una comisión integrada por profesionales y jueces y presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones, la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Justicia y el propio ministerio. Frente a cada uno de ellos y durante el proceso siempre es posible recurrir ante los tribunales de justicia”, explicó.
Enfatizó que “cada uno de estos organismos tiene funciones propias establecidas por la ley y el mismo Ministerio de Justicia debe actuar conforme a la ley”.
“Cuando llegamos a este Ministerio rechazamos las rebajas de condena”
El subsecretario recordó que, en primera instancia, a pocos meses de su llegada a la cartera junto con Rabat, se rechazaron las rebajas de condenas.
Sin embargo, indicó que al cabo de poco tiempo empezaron a llegar sentencias de la Corte Suprema a favor de los beneficiados, las cuales los obligaron a revertir la decisión. “En algunos casos, y como lo señaló el ministro de Justicia ante la Cámara de Diputados, el fundamento de la obligación desde la Corte Suprema era que en el ministerio estábamos privando ilegalmente a una persona de su libertad, y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen”, sostuvo.
Asimismo, afirmó que esto “no comenzó ahora” y señaló que durante el Gobierno de Gabriel Boric, cuando se rechazaban las solicitudes de rebaja de pena, finalmente los ministros terminaban siendo obligados por los tribunales de justicia “a revertir esa decisión”.
“Desde el punto de vista de la víctima, sin embargo, el resultado es exactamente el mismo y no había garantías ni de que fueran informadas ni escuchadas. En esto, el Estado fracasó”, añadió.
Además, explicó que su firma aparece debido a que, cuando el ministro de Justicia está ausente, es subrogado por el subsecretario de la cartera, función que recae en él. “Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro“, precisó.
Las medidas a favor de las víctimas
Silva detalló también las medidas que está adoptando la cartera en favor de las víctimas. En primer lugar, destacó la suspensión de la tramitación de nuevos decretos sobre solicitudes de rebajas de condenas que han ingresado al Ministerio.
“En segundo lugar, estamos estudiando si es posible y cómo revertir los efectos de las rebajas concedidas. Y en tercer lugar, estamos impulsando en el Congreso una reforma legal que impida que vuelva a ocurrir algo así. Por supuesto que esto contempla el derecho de la víctima y su familia a ser informada y escuchada”, indicó.
“Esto es lo que se está tramitando en el Congreso. Sé que quedan muchas preguntas sin responder. Intentaré hacerlo más adelante. Cuando el Estado falla, no basta con explicar. Hay que hacerse cargo, corregir y, lo más importante, poner a las víctimas en primer lugar. Y en eso estamos trabajando, sin descanso”, cerró.
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